A pocos días de que se inicie la marcha por el recuerdo a La Desbandá, a la que el gobierno liderado por Francisco Salado (PP) ya ha dado la espalda varios años, el Ayuntamiento suma un nuevo desprecio por la Memoria Histórica, incumpliendo de nuevo una norma. En esta ocasión, se trata de un reglamento que el propio tripartito PP-Cs-PMP modificó a su albedrío en junio de 2020: el Reglamento de la Mesa de Memoria Histórica de Rincón de la Victoria.

Con una tasa de incidencia acumulada que apenas baja del millar, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se niega a ofrecer información sobre el impacto de la pandemia en los servicios públicos. Preguntada por ello la concejala de Recursos Humanos, Josefa Carnero (PP), ésta guarda silencio desde la semana pasada.

Rincón de la Victoria arranca 2022 sin unas nuevas cuentas con las que articular la complicada realidad a la que se enfrenta el municipio. Como viene siendo la norma desde la llegada de Francisco Salado (PP) a la alcaldía, el Ayuntamiento vuelve a incumplir la Ley de Haciendas Locales e inicia el nuevo año viéndose obligado a prorrogar unos presupuestos que nada tienen que ver ya con la realidad.

PSOE, IU y Podemos vuelven a unir fuerzas en su defensa de los empleados públicos. Si hace unos días lo hacían para denunciar la opacidad en el proceso de privatización de EMMSA y el modo en que, como ha confirmado la plantilla, se ha excluido del proceso a los trabajadores, ahora lo hacen para denunciar las acusaciones vertidas por el alcalde, Francisco Salado (PP), contra una funcionaria del Juzgado de Paz.

El tripartito PP-Cs-PMP ha dado la espalda a los trabajadores de la EMMSA durante el proceso de su privatización, según denuncian a este medio los afectados, confirmando la denuncia pública que hacían ayer PSOE, IU y Podemos. Tal y como exponen los trabajadores, en mitad de las conversaciones, el equipo de Gobierno habría ignorado a los agentes sociales, que terminaron enterándose por la prensa de la publicación de los pliegos de condiciones para la privatización.

La oposición de izquierda en bloque, PSOE, IU y Podemos, ha manifestado su oposición frontal a la privatización del servicio de limpieza municipal (EMMSA), que incrementará el coste anual en cerca de tres millones de euros. El bloque progresista denuncia, además, que dicha privatización se ha realizado a espaldas de sindicatos y trabajadores, extremo que han confirmado a este medio fuentes de EMMSA.