Mientras el bipartito PP-PA se jacta de haber ejecutado el 90% del gasto recogido en el presupuesto municipal de 2018, confeccionado y aprobado con ayuda de Ciudadanos, lo cierto es que la realidad es bien distinta si se analizan partidas específicas. A pesar de que la crisis económica continúa castigando al municipio con más de 4.500 personas demandantes de empleo, el Ayuntamiento tan sólo ejecutó 91.623 euros, un 36,64% de la partida inicial destinada a las ayudas del pago del IBI.
Cuando la tríada PP, PA y Cs confeccionó los presupuestos para 2018, mantuvo la partida de 250.000 euros que venía reservando el equipo de Gobierno anterior para ayudar al pago del IBI, cuya cuantía año a año se ve incrementado. Sin embargo, el Gobierno liderado por Francisco Salado (PP) y José Mª Gómez Muñoz (PA, ahora PMP) decidió acometer una modificación presupuestaria que asestó a esa partida un recorte de más del 57%, quedando reducida a 107.000 euros.
La Liquidación de 2018, recientemente terminada -aunque PP y PA no la han puesto a disposición de la ciudadanía de un modo sencillo-, revela que a pesar de la drástica reducción acometida en el presupuesto inicial, ni siquiera se ejecutó la partida en su totalidad. De hecho, únicamente se ejecutó un 85%, esto es, apenas 91.000 euros.
La ciudadanía ha denunciado públicamente la política medio ambiental del bipartito PP-PA (PMP), haciendo llegar a la redacción de Arrinconados múltiples vídeos en los que se puede apreciar cómo los servicios de limpieza municipales baldean el paseo marítimo arrojando decenas de colillas de cigarrillos, plásticos y otros residuos inorgánicos al aliviadero situado a la altura del Barrio de Pescadores, que desemboca en el mar.
Tras haberse negado a cumplir con lo aprobado en el Pleno municipal e investigar los procesos selecticos de la Policía Local, el alcalde Francisco Salado (PP), máximo responsable político de Seguridad Ciudadana, vuelve a enfrentarse a una nueva irregularidad denunciada por el sindicato UGT: publicados los listados provisionales de candidatos admitidos para las nuevas pruebas de acceso se incumplen los plazos previstos por la ley.
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