Ayer fue un día triste porque durante el pleno ordinario pudo constatarse la calidad de nuestra clase política. La corporación municipal tuvo a bien subirse el sueldo un 30% aproximadamente, precisamente, el mismo día que se evidenciaba que el margen de mejora de la gestión municipal es tan amplio como la desfachatez de quienes confunden dignificar una profesión con el sueldo que se percibe por ello. Tremendo error.

Tal y como avanzaba ayer Arrinconados, la corporación municipal ha aprobado hoy la subida de sueldos y pagos por asistencia a plenos y comisiones con la única oposición de Podemos y Vox. Dicha aprobación ha tenido lugar el mismo día que se ha procedido a la caducidad del expediente de incumplimientos del contrato de suministro y servicio integral de alumbrado público, privatizado a Endesa-Enel por el Partido Popular (PP) hace dos legislaturas con una duración hasta 2025. La caducidad de dicho expediente, cuyo informe del técnico municipal reflejando numerosos incumplimientos y detallando miles de euros en indemnización a pagar al Ayuntamiento, data de diciembre de 2014. Tal y como ha indicado el portavoz socialista, Antonio Sánchez, buena parte de esas indemnizaciones ya habrán prescrito.

Mañana tendrá lugar el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, en el que entre otros puntos se abordarán los aumentos salariales de los ediles, así como de los cargos de confianza, sobre los que hasta la fecha el tripartito PP-Cs-PMP se ha negado a rendir cuentas. Las principales novedades son las subidas de sueldo de un 30% en el caso del personal eventual y de algo más del 28% para los concejales de Gobierno. El salario del alcalde, aunque también se ha subido 2.000 euros no computará pues el regidor Francisco Salado (PP), al ser también presidente de la Diputación Provincial de Málaga, optará por la retribución del ente provincial, que el año pasado -previsiblemente también tendrá subida este año- superaba ampliamente los 65.000 euros.

El pasado mes de junio, el nuevo equipo de gobierno (PP-Cs-PMP) se veía obligado a acometer una nueva modificación presupuestaria para hacer frente a pagos, incluso, de subvenciones ya concedidas. Uno de los sobrecostes incluidos en esta modificación eran los de las obras de ampliación de la Plaza Al-Ándalus. En aquel Pleno, el concejal de Economía Antonio Fernández (PP) se negó a ofrecer más información, a pesar de serle requerida por Izquierda Unida (IU). Semanas después, se revela que los costes no presupuestados por la adjudicataria prácticamente son equivalente a la baja en el precio que ofertó en el concurso público.

El arranque de la esperada piscina municipal cubierta podría sufrir un nuevo revés. Según ha podido saber Arrinconados, la empresa inicialmente adjudicataria, BPXport Kirol Zerbituak, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía, después de que éste dictaminara su expulsión, lo que propició la posterior adjudicación a BeOne Fitness & Sport. El recurso solicita una suspensión cautelar de esta última adjudicación por lo que, de ser admitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podría retrasar la inauguración de la piscina, prevista para antes de la finalización del verano, según el alcalde, Francisco Salado (PP).

El tripartito PP-Cs-PMP se niega a ofrecer información sobre los tres cargos de confianza que vienen trabajando en el Ayuntamiento desde la sesión de investidura el pasado 15 de junio. Se trata de tres contrataciones a dedo en las que no priman los principios de igualdad, mérito y capacidad, como tampoco el de transparencia, dada la negativa desde alcaldía a ofrecer información al respecto.