PSOE, IU y Podemos vuelven a unir fuerzas en su defensa de los empleados públicos. Si hace unos días lo hacían para denunciar la opacidad en el proceso de privatización de EMMSA y el modo en que, como ha confirmado la plantilla, se ha excluido del proceso a los trabajadores, ahora lo hacen para denunciar las acusaciones vertidas por el alcalde, Francisco Salado (PP), contra una funcionaria del Juzgado de Paz.
Seguir leyendo