Ana Ysabel pone cara al drama habitacional de Rincón de la Victoria

Ana Ysabel es una mujer desempleada, que ronda los 40 años y tiene a su cargo a cuatro hij@s, tres menores y la más pequeña de ellas con una enfermedad crónica (hepatitis autoinmune), habiendo tenido una operación de corazón hace algo más de un año. Sin trabajo, hace dos años y medio que se vio en la necesidad de okupar un piso vacío, propiedad del Banco Santander, en una de las barriadas más humildes de Rincón de la Victoria. Ahora, la entidad bancaria la quiere fuera. Hoy, a las 11:30 se tenía que haber producido un desalojo por orden judicial, pero se ha conseguido in extremis una prórroga de 45 días.

La sonrisa de Ana Ysabel ilustraba el rayo de esperanza que supone esta prórroga; tan sólo es un balón de oxígeno, pero cuando una familia entera se ve en la calle sin saber a dónde ir, contar con un mes y medio más de techo es motivo de alegría. Una sonrisa, además, que también venía motivada por el apoyo de la treintena de personas que han acudido hoy a su portal a manifestar su solidaridad al grito de «¡Rescaten a las personas y no a los bancos!».

Desde que en abril se comunicara la primera orden de desahucio, Ana Ysabel no ha sentido gran apoyo por parte del Ayuntamiento, aunque sí subraya que «de algunas personas que trabajan allí sí». De hecho, «el alcalde ni se ha dignado a verme». Una situación que quedaba hoy retratada con la ausencia del equipo de Gobierno en bloque (PP, PMP y Cs); ni siquiera la nueva concejala de Bienestar Social Elena Aguilar (Cs) ha acudido para mostrar su apoyo. Sí lo han hecho, en cambio, ediles de PSOE, IU y Podemos.

Ayudas cosméticas

«No estamos pidiendo limosna, sino un derecho y dignidad», reclama Ana Ysabel. Tal y como explica, el Banco Santander se echó atrás a la hora de ofrecerle un alquiler social. Según apunta, «pretenden vender el piso y nadie lo va a comprar en el estado en el que está; yo por lo menos podría pagarles algo».

La madre de familia únicamente cuenta con una media de ingresos de unos 250 euros al mes, a base de trabajar limpiando casas, fregando platos, etc. Este dinero, sumado a las ayudas que llegan por parte de sus vecinas y vecinos es lo único con lo que cuenta. «Aunque hayamos okupado no somos mala gente», asegura.

Vecin@s y representantes de la PAH, PSOE, Podemos e IU apoyando esta mañana a Ana Ysabel.

Ana Ysabel afirma que «desde el Ayuntamiento se han ofrecido a pagarme un alquiler que no sea muy caro, pero me lo tengo que buscar yo». Hace casi un año, la tríada PP-PA-Cs, con el apoyo del concejal no adscrito Óscar Campos, aprobaban una modificación presupuestaria que, entre otras medidas, contemplaba el desvío de 50.000 euros del presupuesto que la concejalía de Políticas Sociales destina a las familias en riesgo de exclusión para pagar una parte de las obras de la iglesia de Rincón. Esta mañana, tampoco se ha contado con la asistencia de ningún representante eclesiástico.

De media, los escasos apartamentos de larga temporada que se alquilan (la mayoría son vacacionales o de septiembre a junio) rondan los 700-800 euros, con el agravante de que exigen avales, nóminas y unos dos meses de fianza, algo inasumible. En este sentido, el ofrecimiento del Consistorio es meramente cosmético pues, como afirmó el propio alcalde Francisco Salado (PP), incluso con sueldos de 1.000 comienza a ser inviable vivir en Rincón de la Victoria.

Falta de vivienda social

La situación de Ana Ysabel vuelve a poner en evidencia una de las graves carencias que existen en el municipio: la falta de vivienda social. Si cosmético es el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento del pago de un alquiler social para viviendas que no se ofertan, no lo es menos la Declaración de Municipio Libre de Desahucios que se aprobó por unanimidad en septiembre de 2015. Son tantos los puntos que se incumplen de dicha declaración que la situación de Ana Ysabel llega a no sorprender.

Ni se ha elaborado un Plan Municipal de Vivienda, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para cubrir las demandas de emergencia habitacional, tal y como establecía lo aprobado en Pleno, ni se ha promovido o instado a promover vivienda en los suelos de patrimonio público aptos para este fin. Prueba de ello es la reciente puesta en venta en Parque Victoria de un lote de suelos residenciales para vivienda libre, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (dependiente de la Junta de Andalucía), que con una superficie de más de 90.500 metros cuadrados podrían tener capacidad para 360 viviendas.

Izquierda Unida (IU) reprochó recientemente a Salado que cuando éste se encontraba en la oposición y gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, el popular votó a favor de que la Junta de Andalucía pusiera viviendas públicas y no de renta libre, algo que en esta ocasión no ha hecho. Por otro lado, mientras ciudades como Barcelona han conseguido regular el precio del alquiler de la vivienda en colaboración con el Gobierno autonómico, hasta la fecha Salado no ha dado ningún paso en esta dirección negociando con la Junta de Andalucía, gobernada por su compañero Juanma Moreno. En esta línea y poco después de eliminar el Impuesto de Sucesiones que gravaba a quienes heredaban bienes por encima del millón de euros -lo que supuso una pérdida sustancial de ingresos para Andalucía-, Moreno anunció su intención de poner en venta suelo público, como ahora hace en Rincón de la Victoria por 12,6 millones de euros.

Obras abandonadas de Copesol en las que tendrían que estar habitadas ya cuatro viviendas sociales propiedad municipal.

Uno de los últimos intentos por parte del Consistorio de hacerse con vivienda social data del Gobierno del cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón, IU y PA) en 2016, cuando se modificó un convenio con Copesol para poder disponer de cuatro viviendas sociales. Sin embargo, desde entonces, el edificio en construcción no ha avanzado, encontrándose en idéntica situación de abandono que cuando se aprobó la modificación, si bien la constructora no ha dejado de realizar importantes obras de infraestructura para el Consistorio rinconero.

Otro de los puntos incumplidos de aquella Declaración de Municipios Libre de Desahucios exponía que el Ayuntamiento elaboraría un censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas. No sólo eso, sino que estudiaría la imposición de un gravamen más alto al IBI de dichas viviendas en tanto en cuanto no sean puestas a disposición del programa municipal de alquiler social. Otro incumplimiento; de hecho y según la liquidación de 2018, de los cerca de 18 millones de euros que esperaba recaudarse con el IBI, únicamente entraron en las arcas municipales 12,5 millones de euros. Según denunció la oposición en sesión plenaria, buena parte de esos más de 5 millones de euros impagados corresponde a las entidades bancarias propietarias de pisos vacíos. Un fraude tributario, por otro lado, contra el que el Consistorio no ha activado ninguna medida.