«Hasta que la ciudadanía cambie la ley, el único auditor soy yo»

Gaspar Bokesa es el interventor municipal de Rincón de la Victoria desde hace 23 años. Este licenciado en Económicas y Empresariales, funcionario de carrera desde 1985 y número 2 de su promoción, pasó antes por los Ayuntamientos de Villena (Alicante) y Calviá (Mallorca). Hoy se ha sentado con Arrinconados para abordar su labor en el Consistorio rinconero y la situación económica de éste.

Ⓐ En sus propias palabras, ¿cuál es el papel del interventor en el Ayuntamiento?
Gaspar Bokesa. La gente desconoce la función del interventor. Yo no pertenezco al Ayuntamiento, sino que pertenezco al Estado, que es quien me envía aquí con dos funciones principales: asesorar y controlar, para que las cosas no se hagan fuera de ley y no haya problemas como los que estamos viendo ahora con casos de corrupción. Lo que entra en el Ayuntamiento está controlado perfectamente al céntimo por el Interventor, económicamente hablando, y jurídicamente por el Secretario. Sobre lo que no entra, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad porque no sabemos lo que pueda no entrar.

Ⓐ Exactamente, ¿qué funciones le competen?
GB. Yo soy el contable del Ayuntamiento, es decir, que todo el personal del área económica trabaja conmigo y lo hacen bajo mi responsabilidad. Cuando tienen dudas, me preguntan y yo reviso las cosas que hacen. Yo soy el contable y para eso rindo cuentas a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas del Reino, que son los órganos superiores que a mí me controlan.

También soy asesor económico-financiero, es decir, todos los préstamos que el Ayuntamiento ha suscrito, yo tengo que estudiarlos, verificar que están conforme a ley, que ha habido un concurso público, que lo que nos dan está de acuerdo con los tipos de interés de mercado y que van destinados a unos determinados servicios y obras. Es decir, no se puede suscribir un préstamo que no tenga un destino y, no sólo pasa por el informe del interventor, sino que se ha de aprobar en Pleno.

Por eso cuando se dice que no se sabe a cuánto asciende realmente la deuda yo digo que se sabe perfectamente. Lo saben los concejales perfectamente, en la anterior legislatura y en esta.

Ⓐ ¿Y por qué se produce ese baile de cifras según lo diga un político u otro?
GB. Ellos no son expertos, ellos pueden decir lo que quieran como cuando Francisco Salado decía “tengo un superávit de 5 millones”, pero tiene su intríngulis, porque es un superávit contable, pero no hay un duro, no es un superávit monetario, que es lo que la gente cree, pensando que ha dejado 5 millones y no es eso. Como los políticos no son técnicos y muchas veces no les interesa trasladar exactamente lo que el técnico le ha dicho, trasladan la mitad: la teoría de las medias verdades, ¿me explico?

Por otro lado, mi labor también es asesor económico-financiero de todo lo que tenga connotación económica en este Ayuntamiento, tanto ingresos como gastos. ¿Por qué tenemos que controlar los ingresos? Porque no debemos permitir que entren ingresos que tengan una procedencia ilegal, al igual que tenemos que controlar que no se realice un pago ilegal. Aquí no se paga nada hasta que no pase todos los circuitos correspondientes. Está todo absolutamente legal.

La otra función es la de fiscalizar o auditor interno; yo no puedo auditar otro Ayuntamiento o una empresa privada. Yo hago la auditoría en este Ayuntamiento y sólo se extiende a sus organismos administrativos, no a las empresas. Las empresas, aunque son públicas, están sometidas a plan contable privado. Por lo tanto, el control de esas empresas se realiza por auditoría privada. Los auditores privados sólo pueden informar o auditar las empresas municipales, no las agencias como La Cueva del Tesoro ni Deportes. Las empresas sí y de hecho EMVIRIA tiene un auditor y la EMMSA también.

Ⓐ Y en esos casos, ¿qué rol cumple usted?
GB. La función del interventor ahí no es la de controlar los actos económicos de las empresas, como ocurre en el Ayuntamiento. Yo ahí sólo aparezco una vez, al final del ejercicio, cuando los responsables de la empresa hayan gestionado las cuentas, las envían a un auditor, éste las examina y yo luego reviso el informe del auditor. Yo no soy responsable de los desaguisados que pueda haber en una empresa.

Antes de que se apruebe la cuenta anual, el interventor aparecer para verificar la cifra del auditor, nada más. En el Ayuntamiento en cambio sí, donde no se puede mover ni un céntimo sin el visto bueno del interventor.

Ⓐ En ese sentido y llevando desde 1992 como interventor municipal en este Ayuntamiento, si hay un testigo de excepción de cómo se ha generado esta macro deuda es usted…
GB. Sí y toda la deuda que se ha generado, se ha generado legalmente. Y lo han generado los políticos y yo he sido testigo legal de que esas necesidades que entendían para sus vecinos, para su municipio, son legales. Y han querido endeudar a su pueblo para ofrecer esos servicios.

Ⓐ La gran incógnita es dónde fueron a parar los millones de euros que entraron en el boom inmobiliario si luego el municipio carece de tantas infraestructuras…
GB. El ciudadano está equivocado. El rinconero cree que Rincón de la Victoria es un municipio rico y no es verdad.

Ⓐ Aunque es de los que mayor renta per cápita tiene de la provincia…
GB. Yo se lo voy a explicar. Yo vengo de Calviá y eso sí es el Ayuntamiento más rico de España y de Europa junto a Benahavís, que esos sí que son municipios ricos. El ratio más importante que demuestra que un Ayuntamiento es rico es que el IBI debe absorber la totalidad de los gastos corrientes. Y nuestro IBI es de 15 millones, pero sólo ingresamos 11,5 millones y no absorbe ni el Capítulo 1, los gastos de personal, que son 12,5 millones de euros.

Ⓐ ¿Qué falla ahí?
GB. No falla nada, primero, hay por censar mucha gente y, segundo, hay salarios muy altos. El IBI no se cobra en su totalidad porque mucha gente está en paro y se está cobrando cerca del 80%; eso no es suficiente ni para pagar el personal del Ayuntamiento, porque entre organismos autónomos y la EMMSA suponen en torno a 13 millones de euros.

En cuanto al rendimiento de las tasas, ninguna tasa cubre el coste del servicio. La basura tiene una cobertura del 30%. La basura tiene un coste elevadísimo y con lo que se saca de la tasa de basura, que es un millón y pico, no es suficiente. Aquí no hay ninguna tasa que esté equilibrada.

En la época de bonanza, que fundamentalmente era en la época de ‘Pepín’ [1995-2003], había muchísimo dinero. En la parte de Urbanismo generábamos unos 12 millones de euros entre licencias de obra, modelos urbanísticos e impuestos de construcción, pero ahora ingresamos 200.000 euros, menos del 10%. El gasto que venía de esa época no ha bajado en la misma proporción, a pesar del Plan de Saneamiento. Los ingresos se han desplomado, antes ingresábamos el 95% del IBI y ahora el 80%, porque la gente no tiene empleo, no tiene dinero y piensa que lo primero es comer, lo segundo pagar la casa y luego pagar los impuestos.

En esa bajada, es cuando el Ayuntamiento ha tenido que tirar de préstamos, ya en la legislatura del PSOE-PP [2003-2007] y PSIRV-PSOE [2007-2001]. Y los préstamos aumentan muchísimo en la legislatura del PP [2011-2015], porque se coge la deuda comercial, 35 millones de euros nada menos, y se transfiere en deuda financiera. Y yo lo que hago siempre, cuando hay un cambio de corporación es un informe de situación económica y una especie de auditoría que el que entregué en Pleno el pasado 14 de julio.

Ⓐ Hablando de auditoría, ¿se realizará una externa, tal y como prometieron los partidos el cuatripartito?
GB. Sólo si yo lo quiero. Hay un ejemplo clarísimo: ¿tú crees que un juez va a decir que un abogado revise sus sentencias? ¿A qué no tiene sentido? Tendrá que ser un órgano superior al juez el que revise la sentencia del juez. El órgano superior al interventor es la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas y no un economista que es un auditor privado. El que puede venir aquí a auditar es un auditor público, pero no uno de la calle.

Si yo dijese “no tengo tiempo y quiero una empresa que colabore conmigo”, entonces se selecciona, pero la auditoría la hago yo, lo que hace la empresa es que me evacua datos. ¿Qué auditoría se va a hacer si trimestralmente yo ya hago auditorías enviando al Pleno todo lo que ha ocurrido económicamente ese trimestre? ¿Qué auditoría se va a hacer si yo soy el auditor legalmente? Sólo la Cámara de Cuenta, que en la entrada de legislatura de PP que vino a auditar el 2010…

Ⓐ Y si me permite, aquella auditoría, que hacía referencia a un período en el que también era alcaldesa Encarnación Anaya (PSOE), sacó a la luz numerosos incumplimientos del ordenamiento jurídico (entrega de la cuenta general 243 días después de lo establecido por ley, contratos sin el informe del interventor y uno en el que ni siquiera aparecía fecha ni las partes intervinientes)… ¿No puede esto suscitar dudas acerca de su papel como juez y parte de la auditoría?
GB. Pero ya está todo totalmente legalizado.

Ⓐ Pero la ciudadanía se preguntará ¿cómo es posible que el interventor sea juez y parte en este asunto?
GB. Porque lo dice la ley. La ley dice que el único auditor es el interventor y no hay nadie más. Por tanto, la ciudadanía tendría que cambiar la ley y hasta que no lo haga el auditor soy yo. No se puede auditar un Ayuntamiento contra el interventor, salvo que él quiera porque no tiene tiempo o porque tiene mucho trabajo. Yo no lo hago por capricho, es que es ley e, incluso, podríamos entrar en el intrusismo profesional. Si el Ayuntamiento iniciara una auditoría sin mi consentimiento yo podría ir al juzgado. Si el auditor dice que todas las cosas están bien y están bien en el papel, ni una palabra más.

Ⓐ ¿Qué grado de responsabilidad tiene usted como interventor en el hecho de que la cuenta general de 2012 y 2013 se haya presentado en febrero de este año?
GB. Ninguna, de hecho la Cámara de Cuentas no me ha dicho nada. Es que vosotros no conocéis la práctica municipal. En Andalucía somos pocos los que estamos al día. La práctica municipal es que el trabajo del área económica es tan intenso que el político está en el cogote del funcionario, es decir, el político está en mi cogote y dice “ahora quiero una modificación presupuestaria porque hay que construir el parque periurbano”. Pues yo dejo la cuenta general, porque estoy con la modificación presupuestaria. “Ahora hay que pedir un préstamo para tal cosa”, y yo hago la liquidación y voy a pedir el préstamo pero no cumplimento del todo la cuenta general. Hemos ido a lo que el día a día requería hasta que se nos quedó atrás la cuenta de 2010.

La Cámara de Cuentas auditó el 2010 y nos pusimos entonces al día porque el concejal de Hacienda dio prioridad a las cuentas. Ahora mismo estamos tramitando 2014. Estamos en la prioridad de lo que marca el responsable político y estamos intentando no caer de nuevo en retrasos. Por poner un ejemplo: el inventario de bienes del Ayuntamiento data de hace 10 años, que no se ha actualizado. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que actualizarlo está en otras cosas y no da tiempo, porque la cuenta general no es algo que tenga incidencia en los bancos cuando pides préstamos, que miran más la liquidación.

La responsabilidad que suele haber en los Ayuntamientos es lo que llamamos responsabilidad contable en materia de alcance, es decir, que falte dinero o que el dinero se haya destinado a fines que no son propios de la entidad local. Esas son las responsabilidades por las que normalmente nos abren expediente a los interventores.

Ⓐ ¿Está usted a favor de esas medidas de transparencia que se han puesto en marcha de hacer públicas las retribuciones y las declaraciones de bienes de los cargos públicos?
GB. Sí, de hecho, es público. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto, entra todo lo que cualquier funcionario, cualquier político, cualquier cargo de confianza va a percibir del erario público. Y es público.

Ⓐ ¿Se puede saber cuánto ganan usted o el Secretario?
GB. Nosotros ganamos lo que marca la normativa.

Ⓐ ¿Que es…?
GB. Cuando usted quiera, lo puede ver…

Ⓐ Pero ¿no me lo va a decir ahora?
GB. No, no te lo voy a decir, pero lo que cobro es legal, no cobro nada ilegal.

Ⓐ Desde hace tiempo le persigue la polémica acerca de su compatibilidad: el hecho de que, junto al Secretario Miguel Berbel, también ejerzan sus funciones en la Mancomunidad…
GB. Pero eso es compatible. La ciudadanía no tiene por qué ser experta en la materia: ¿cómo un interventor del Estado y un Secretario del Estado van a vulnerar la compatibilidad? No tiene sentido, si nosotros somos los que estamos vigilando las compatibilidades, ¿cómo vamos a ser nosotros incompatibles? No, primero tenemos que estar nosotros limpios y estamos limpios porque la compatibilidad está aprobada por la Junta de Andalucía. Por tanto, aquí no hay nada que hablar.

Lo que sucede es que, modestia aparte, los políticos que nos buscan, sabiendo que estamos llevando un Ayuntamiento importante, y llevamos otra entidad importante, confían en nosotros, confían en nuestra preparación, confían en nuestro saber y por eso nos buscan. Yo llegué a Mancomunidad de la mano de Pepe Palma hace 12 años y le dije que no, que yo no tenía tiempo. Me dijo que aunque fuera, me pasara por allí un día a la semana. Lo que hizo Palma fue partir la retribución que percibía entonces un secretario-interventor y repartirla entre el secretario por un lado y el interventor por el otro.

Ⓐ Que rondaba unos 2.700 euros al mes por cabeza, aproximadamente…
GB. No, cuando se habla, se habla en términos brutos y es menos de 2.700 euros, pero lo que sea, el caso es que Palma hizo una gestión eficaz, llevando a un interventor y a un secretario de primer nivel por el mismo precio.

Ⓐ Claro que la compatibilidad es legal pero, me comentaba anteriormente que el retraso en la presentación de la cuenta general de 2010, 2012 y 2013 se debió, precisamente, a la carga de trabajo.  ¿No se habrían presentado en plazo si la Mancomunidad no absorbiera parte de su tiempo?
GB. No, porque ahora mismo estamos cumpliendo los plazos. Aquel fue un momento puntual en aquella legislatura. A día de hoy está todo al día, tanto las cuentas de Mancomunidad como del Ayuntamiento. No es un problema de retraso o de no tener tiempo, es un problema de que el político había preferido que mirase a otras cuestiones que no era la cuenta general.

Ⓐ Ahora mismo, sigue habiendo proveedores a los que se está pagando a más de 100 días. ¿Eso tiene visos de resolverse algún día?
GB. Eso es un problema de tesorería que tanto a Antonio Moreno [concejal de Hacienda] como a mí nos preocupa y sólo tiene dos caminos: uno, reducir gastos, y dos, aumentar la recaudación. Así es como se puede ir trabajando el período de pago, pero si no se dan las dos, no podemos llegar.