El Ayuntamiento cierra filas pese a las denuncias de supuesto maltrato animal y suscribe nuevo contrato con el zoosanitario

Tras la polémica suscitada por una nueva denuncia por supuesto maltrato animal en el Paque Zoosanitario de Rincón de la Victoriael Ayuntamiento se niega a ofrecer explicaciones públicas por la contratación de nuevos servicios municipales con esta empresa. De este modo y desde el pasado 27 de agosto, la empresa regentada por el empresario, José Antonio Villodres (presidente de ACERV), presta servicios complementarios zoosanitarios por cerca de 72.200 euros al año, algo más de 12.000 euros anuales más respecto a cuando ofrecía un servicio exclusivo al municipio.

Después de más de un año y medio blindando el acceso a cualquier información relativa al parque zoosanitario (contratos, informes de inspección, etc.), el Ayuntamiento rehúsa dar explicaciones a la prensa acerca de una nueva adjudicación a Villodres, pese a las denuncias de APISMAM (Asociación Para la Investigación y Seguimiento Sobre el Maltrato Animal y el Medio ambiente) y de otros miembros del colectivo veterinario (incluido el Ilustrísimo Colegio de Veterinarios de Málaga, que ha derivado denuncias a las autoridades competentes por entender que tienen base para ello).

De este modo, Villodres se embolsará más de 144.000 euros en dos años (con posibilidad de un año más de prórroga) como adjudicatario del concurso público al que fue la única empresa presentada, sin haber aplicado ni un céntimo de euro de rebaja sobre el presupuesto licitado.

El contrato, en el que erróneamente se incluye el pliego de cláusulas administrativas (y se firma) del contrato del servicio de salvamento, socorrismo, prevención y vigilancia de playas, indica que la garantía definitiva del contrato (5.966 euros) fu constituida por Villodres el 14 de junio, a pesar de que el propio empresario aseguró a este medio que a día 8 de agosto todavía no lo había hecho.

El de la inclusión de las cláusulas de socorrismo no es la única irregularidad en este proceso: en la licitación se incorporaron unas condiciones especiales para la ejecución del contrato, en relación con combatir el paro y, más concretamente, el paro juvenil. Según se detallaba, en las ofertas presentadas había de incluirse «en el Proyecto de organización y planificación del servicio un apartado donde consten las medidas a adoptar para conseguir dicho fin. El incumplimiento de dichas medidas será considerado falta grave». Desde el bipartito PP-PA nada se ha aclarado tampoco sobre este punto.