En febrero de 2016, el concejal andalucista, José Mª Gómez, se jactaba de “ahorrar 1,6 millones de euros al Consistorio por el caso del Llano de Torroba”. Se equivocaba por partida doble: Por un lado, tanto PSOE como Izquierda Unida (IU) le recordaban que en 2014 fueron también ellos los que, en Junta de Portavoces, consiguieron forzar la redacción de un informe del secretario municipal contrario al pago de la indemnización que pretendía abonar el Partido Popular (PP) a Jetordi 5. Por otro, esta constructora acaba de ganar su recurso judicial, por lo que el Ayuntamiento se enfrenta ahora al pago de más de 1,3 millones de euros en concepto de indemnización  por incumplimiento de un convenio urbanístico.

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha realizado en la mañana de hoy su valoración de los 100 primeros días de Gobierno de lo que, a sus ojos, es un tripartito de facto conformado por Partido Popular (PP), Partido Andalucista (PA) y Ciudadanos (C’s). En palabras de la portavoz de PSOE, Encarnación Anaya, “ha vuelto el cortijo de Salado, sustentado por el PA con la connivencia de Ciudadanos”.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo (PP), se comprometió ayer a que el ente provincial subvencione la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria, aunque al ser preguntado por la cuantía no supo precisarla. El alcalde rinconero, Francisco Salado (PP), salió al quite, indicando que será tras conocer los costes cuando la Diputación defina la cantidad. Tras la llegada del Gobierno del bipartito PP-PA, apoyado por C’s, el presupuesto de este evento ha pasado de 25.000 a 40.000 euros.

El cúmulo de hechos inusuales entorno a la adjudicación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) continúa creciendo: según ha podido saber Arrinconados, el Ayuntamiento habría procedido a la firma del contrato con la adjudicataria sin haber resuelto el recurso interpuesto por la empresa que fue descartada alegando baja temeraria.

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.

El Ayuntamiento ha gastado más de 90.500 euros en la contratación de parte del servicio de limpieza  y jardinería este verano. La medida, presentada como medida de refuerzo por la temporada estival, fue hecha pública por la oposición y ha sido precisamente gracias al PSOE a requerimiento de este medio como se han conocido las resoluciones de expedientes, dado que desde hace más de un mes el bipartito PP-PA priva de dicha información tanto a Arrinconados como al periódico local ASÍ ES.