Convocado pasadas las 15:00 horas de ayer y por Whatsapp -según ha expuesto el edil de Vox José Antonio Rodríguez-, hoy ha tenido lugar un Pleno Extraordinario Urgente para modificar las actuales condiciones del contrato con la empresa de limpieza EMMSA. La oposición en bloque se ha abstenido, justificando el sentido de su voto en la necesidad de reforzar el servicio de limpieza en plena temporada alta, pero no comprendiendo la opacidad, contradicciones e improvisación detrás de la medida por parte del tripartito PP, Ciudadanos y PMP. Estas son algunas de las preguntas que vuelven a hacer saltar la polémica en torno a EMMSA:

Tal y como avanzaba ayer Arrinconados, la corporación municipal ha aprobado hoy la subida de sueldos y pagos por asistencia a plenos y comisiones con la única oposición de Podemos y Vox. Dicha aprobación ha tenido lugar el mismo día que se ha procedido a la caducidad del expediente de incumplimientos del contrato de suministro y servicio integral de alumbrado público, privatizado a Endesa-Enel por el Partido Popular (PP) hace dos legislaturas con una duración hasta 2025. La caducidad de dicho expediente, cuyo informe del técnico municipal reflejando numerosos incumplimientos y detallando miles de euros en indemnización a pagar al Ayuntamiento, data de diciembre de 2014. Tal y como ha indicado el portavoz socialista, Antonio Sánchez, buena parte de esas indemnizaciones ya habrán prescrito.

PP y PA han sacado adelante por la mínima –gracias al voto de calidad del alcalde– la aprobación de un refuerzo inédito del servicio de limpieza antes del inicio de la campaña estival. El refuerzo se prolongará durante los meses de abril y mayo principalmente, con un coste de 380.000 euros y la incorporación de 75 personas. La coincidencia con las campañas electorales de las Generales y Municipales ha provocado el recelo de la oposición, con la excepción de los concejales no adscritos (ex Ciudadanos) Antonio Pérez y Óscar Campos, que han vuelto a votar al unísono del bipartito PP-PA.

Tras el Pleno ordinario del pasado mes de diciembre, cuando la oposición en bloque (con la excepción del concejal no adscrito, Óscar Campos), logró sacar adelante la creación de una comisión de investigación de los procesos selectivos de la Policía Local desde 2002, el edil del PA, José Mª Gómez Muñoz, venía amenazando a sus antiguos compañeros de gobierno (PSOE, Ahora Rincón e IU) con cargar contra su gestión antes de que éstos lo expulsaran. De este modo, en la sesión plenaria de hoy, Gómez Muñoz  ha solicitado la incorporación a dicha comisión de más asuntos, buena parte de ellos parte de la gestión en la que, paradójicamente, él estaba implicado como miembro del Gobierno. Sin embargo, en lugar de toparse con la oposición de los tres partidos, lo que ha encontrado el andalucista ha sido un voto favorable, con la máxima de, cómo ha apuntado Encarnación Anaya (PSOE), «la puerta mejor cerrada es aquella que se puede quedar abierta».

Durante el Pleno extraordinario de esta mañana, convocado para la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2019, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Elena Aguilar, ha acusado al alcalde, Francisco Salado (PP), de no tener palabra, escenificando la ruptura del pacto de investidura al vota en contra de las cuentas presentadas por el bipartito PP-PA. Así las cosas, han sido los votos favorables de los dos ex concejales de Cs, ahora concejales no adscritos, Antonio Pérez y Óscar Campos, lo que han permitido que el presupuesto se haya aprobado inicialmente.

El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), sufrió un duro varapalo a manos de su propio alcalde, Francisco Salado (PP). Después de que Fernández se negara rotundamente a rebajar del 0,85 el tipo del IBI, el regidor decidió unilateralmente y sin previo consenso con su experto económico, bajarlo al 0,84, lo que ganó el apoyo mayoritario del salón plenario.