Los presupuestos municipales para 2021 por fin echaron a andar ayer, con su aprobación inicial que únicamente encontró el voto negativo de PSOE y Vox. Con la etiqueta de ser «los más sociales», la concejala responsable de este área, Elena Aguilar (Cs), se mantuvo en silencio durante toda la sesión plenaria, dejando en manos de sus compañeros de gobierno la defensa de unas cuentas que la oposición considera insuficientes, precisamente, con el azote de la pandemia del COVID-19.

El equipo de Gobierno PP-Cs-PMP admitió abiertamente durante el Pleno ordinario de ayer estar incumplimiento el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento al ser incapaz de aportar la documentación sobre el proyecto de cambio de acerado de La Cala del Moral en el plazo establecido, requerida por parte del PSOE en la sesión anterior hace más de un mes. Dicha documentación es, supuestamente, en la que habría apoyado el tripartito su decisión para la tala y arrancadura de más de 80 árboles sanos en este núcleo del municipio.

Ni un ápice de autocrítica ni asunción de errores. Con 80 árboles menos -17 moreras taladas y el resto arrancados de cuajo de manera traumática-, el alcalde Francisco Salado (PP) ha accedido a reunirse con una representación del grupo vecinal #LaCalaNoSeTala. Ha sido necesario que transcurriera más de una semana y que en contra de las acciones del tripartitro PP-Cs-PMP se manifestaran más de 7.000 personas con sus firmas, diversos expertos en la materia, la oposición y celebridades del mundo de la cultura ligadas al municipio para que Salado se abra al diálogo tras los hechos consumados. Antes, dos representantes del movimiento vecinal han tenido el uso de la palabra mediante el Escaño 22, lamentando tanto la masacre medio ambiental cometida en La Cala como la gestión autoritaria por parte del Consistorio.

El tripartito PP-Cs-PMP se ha visto frenado en su intento de autobombo a costa del Plan AIRE de la Junta de Andalucía cuando la oposición ha revelado que esta iniciativa, presentada como una medida extraordinaria para paliar los efectos del COVID-19, traerá a Rincón 600.000 euros menos de lo que aportaron los planes de empleo autonómicos en 2018, lo que se traduce en la contratación de cerca de 70 personas menos.

Minutos después de que el concejal de Hacienda, Antonio Fernández (PP), admitiera que la gestión económica del tripartito durante el año pasado hubiera desembocado en el incumplimiento de la Regla del Gasto y del remante de tesorería, se producía este debate. Estos incumplimientos de normas que buscan garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y que Fernández ha atribuido al gasto acometido por ser año electoral y al cambio de criterio con el nuevo interventor, han obligado al Consistorio a tener que aprobar un Plan Económico Financiero 2020-2021.

Con este panorama, el concejal de Transparencia Borja Ortiz (PP) se ha venido a felicitar por los algo menos de 700.000 euros y la contratación de 78 personas que traerá el Plan AIRE al municipio. No ha tardado en responder la bancada progresista, afeándole al edil popular que «este plan aporte menor cantidad y menor calidad», según ha afirmado el socialista Javier Jerez.

Si en 2018 lo planes de empleo que la Junta venía desarrollando desde 2014 estuvieron dotados en toda Andalucía con 278 millones de euros, el plan AIRE lo está con 165 millones. Según ha subrayado Rocío Calderón (IU), «ni siquiera son planes extraordinarios, como nos han vendido, puesto que ya estaban contemplados en el presupuesto para este año», antes de la llegada de la pandemia. En ese sentido, Calderón ha criticado que no se hubiera procedido a la contratación en el mismo momento en que se terminó el Estado de Alarma.

Por otro lado, Jerez ha incidido en el hecho de que este plan favorezca la temporalidad, con contratos únicamente de seis meses -ya no es posible contratar por 12 meses-, y que excluya a las titulaciones superiores, ofertando únicamente puestos de baja cualificación.

Ante la lluvia de reproches, Ortiz ha terminado girando su discurso hacia la política nacional, calificando en reiteradas ocasiones de «terroristas» a los representantes de la segunda fuerza política en Euskadi (EH-Bildu), mientras que Francisco Salado (PP) ha eludido referirse al plan AIRE, limitándose a lanzar elogios a los planes de empleo promovidos por la Diputación Provincial de Málaga, de la que él es presidente.

Apenas dos semanas después de que el tripartito PP-Cs-PMP admitiera que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria incumple la Ley de Transparencia, el equipo de Gobierno ha cuestionado durante el Pleno extraordinario de hoy que la ciudadanía conozca hechos como los publicados ayer por Arrinconados, en los que se detallaba cómo trata de consumarse un nuevo pelotazo urbanístico en el municipio.

El pasado 29 de enero, el tripartito PP-Cs-PMP anunció «la gratuidad del transporte público urbano para menores de 18 años y estudiantes hasta 25 años». Tal y como fue anunciada la medida, ésta parecía entrar en vigor con relativa inmediatez. Sin embargo, el concejal de Transporte, Antonio Fernández (PP), reveló en el último Pleno ordinario que «el plazo mínimo» para que esta gratuidad sea una realidad no será en ningún caso inferior a dos meses. Aún está en la fase de estudio.