Las negociaciones entre trabajadores y Ayuntamiento, en dique seco

El pasado miércoles y durante media hora, la entrada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria volvió a ser el punto de concentración de los trabajadores del Consistorio que protestan por la suspensión de su convenio colectivo. El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el equipo de Gobierno, apoyándose en la reforma laboral, optó por retirar la aplicación del convenio alegando razones económicas. Entonces, la alcaldía ya había emprendido un plan de saneamiento, dada la creciente deuda que no ha podido reducirse en los últimos años -camino de los 81 millones de euros- y que todo apunta será uno de los temas calientes de la campaña electoral.

Según cuenta Enrique Bonilla, trabajador del Ayuntamiento en la Biblioteca Pública de Benagalbón y delegado sindical de CCOO, «todos entendimos que teníamos que arrimar el hombro y que, hasta que mejorasen las cosas, teníamos que ajustarnos económicamente». Sin embargo, lo que escapaba a su entendimiento era que «para realizar los recortes económicos hubiera que recortar también los derechos laborales que se recogían en el convenio colectivo».

Entre estos derechos laborales se encuentra el mayor escollo hasta ahora en las negociaciones entre trabajadores y Ayuntamiento: el artículo 52 del convenio colectivo, que estipulaba que en caso de declararse un despido improcedente, era decisión del empleado elegir entre readmisión o indemnización. Con el convenio extinto, «el Ayuntamiento aplica el Estatuto de los Trabajadores (art.56) por el que esa decisión descanda sobre el empleador», indica Carmen Millán, concejala de Recursos Humanos (RRHH) del Consistorio.

Aunque la aplicación de este polémico artículo es entendida por los trabajadores como un derecho laboral, Millán indica que tiene un fuerte impacto económico en las arcas municipales. La Concejala de RRHH lo ilustra asegurando que «si por motivos organizativos tenemos que despedir a un trabajador cuyo sueldo estaba 100% subvencionado por la Junta de Andalucía, se declara improcedente el despido y tenemos que readmitirlo, pasa directamente a Capítulo 1, es decir, que la totalidad de su sueldo recae en el Ayuntamiento». Como consencuencia de ello, en los tres últimos años el gasto en el Capítulo 1 se ha incrementando en 570.000 euros.

Hasta el momento, según explica Millán, «hemos tenido seis demandas, que ganaron», lo que implicó readmisión, «y tenemos otras 10 o 12 demandas en curso». Desde su punto de vista, «lo que no puede ser es dejar en manos de los Juzgados la administración de un Ayuntamiento, restándole margen de maniobra en asuntos laborales».

Manifestación en plena campaña electoral

Aunque ambas partes aseguran su total disposición a llegar a acuerdo, lo cierto es que no parece probable que éste llegue pronto. Bonilla, que acude como número siete en las listas de Izquierda Unida Rincón Para La Gente, se muestra especialmente crítico con la actuación de Millán, a la que acusa de «no haber hecho nada durante todo el proceso, ni siquiera responder a nuestros escritos». En su opinión, «el alcalde se ha enrrocado y hasta después de las elecciones municipales del 24 de mayo no creo que mueva ficha».

Millán, por su parte, enfatiza la buena disposición del equipo de Gobierno indicando que «ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) acudimos [hasta tres reuniones mantuvieron, sin éxito] a iniciativa del Ayuntamiento» y, lamenta que los sindicatos (UGT, CSI-CSIF, CCOO, UPLB y SIP-AN) «no retiraran la demanda por la suspensión del convenio ni siquiera mientras estábamos negociando». Una demanda, por otro lado, que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló el año pasado a favor del Ayuntamiento.

Entre otras denuncias que realizan los trabajadores se encuentran los «traslados de personal entre distintas áreas municipales sin motivación alguna» o «la discriminación en el abono de horas extraordinarias a determinados empleados». La concejala niega cualquier tipo de arbitrariedad en estas reubicaciones de personal, de las que asegura que «aunque haya quien quiera ver otros motivos más oscuros, únicamente responden a motivos de refuerzo organizativo, y así lo corrobora la satisfacción de los jefes de servicio». En cuanto a las horas extras, Millán sostiene que «fue una decisión tomada en Pleno, por la que se decidió que tanto Policía como personal de Cultura tuviera ese abono en festivos, ferias, etc. por la dedicación extraordinaria que requieren este tipo de eventos».

La situación se encuentra tan paralizada, que desde los sindicatos han optado por incrementar las movilizaciones. «Contamos con el compromiso de todos los partidos de la oposición de restituir el convenio y en las próximas semanas, en plena campaña, convocaremos una manifestación que recorra el municipio reclamando nuestros derechos», asegura Bonilla.

La polémica contratación de Cuatrecasas

El delegado sindical de CCOO llama la atención sobre el hecho de que «a pesar de que el arranque del conflicto tenía causas económicas, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria contrató los servicios del prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas para acudir a las demandas». Millán no niega tal extremo y al ser preguntaba por si hay contradicción en ello (por lo elevado de los honorarios a pagar), la concejala asegura que «no es cierto que sea tan caro».

Sin embargo, en el último ránking que elaboró la revista Forbes sobre los abogados y bufetes más importantes de España Cuatrecasas figuraba en el puesto número 2. Una posición relevante considerando que, tal y como expuso el editor y director de Forbes, Andrés Rodríguez, el ránking se realizó  entre «los más de 130.000 abogados en ejercicio» que hay en España, entre pequeños y grandes despachos y grandes multinacionales. Cuatrecasas, sólo por detrás de Garrigues en la clasificación, cuenta con más de 250 oficinas repartidas por Europa, América, Asia y África y, con sus más de 950 abogados, presta sus servicios a las principales empresas cotizadas en Bolsa.

Millán justifica esta contratación en el hecho de que «para asuntos penales y laborales siempre se contrata a abogados externos al Ayuntamiento porque no tenemos especialistas en ello». Además, concluye la concejala, «preferimos que fuera un despacho de fuera de Rincón de la Victoria para evitar cualquier tipo de presiones».