Cuando el revanchismo nos gobierna

arrinconados voodoo

El pasado viernes, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) registraron una moción para retirar las atribuciones que la Junta de Gobierno posee desde julio del año pasado. La medida ha de aprobarse en Pleno municipal y todo indica que saldrá adelante: la única manera de que ésto no sucediera es que el PA mantuviera el mismo voto que tuvo cuando estaba en el Gobierno. Si entonces votó a favor porque pensaba que ello beneficiaba al municipio, ¿qué habría cambiado ahora, salvo que sus concejales José Mª Gómez y José Luis Pérez fueron expulsados del cuatripartito?

El Pleno extraordinario del 1 de julio de 2015 aprobaba ceder unas atribuciones a la Junta de Gobierno con objeto de dotarle de más autonomía y rapidez en la toma de determinadas decisiones. La medida fue aprobada por mayoría con la siguiente distribución de votos:

  • PSOE: 4 votos a favor
  • Ahora Rincón: 3 votos a favor
  • IU: 2 votos a favor
  • PA: 2 votos a favor
  • PP: 7 abstenciones
  • C’s: 1 abstención (Antonio Pérez, que aún era portavoz de la formación naranja)
  • C’s: 2 votos en contra

Si sólo dos concejales de C’s votaron en contra, no pensaban del mismo modo ni los dos concejales del PA ni el PP. El líder de los populares, Francisco Salado, manifestaba entonces que dotar a la Junta de Gobierno de esas atribuciones le parecía “bien porque dota al Ayuntamiento de la agilidad necesaria para decir sobre ciertas cuestiones”. Entonces, ¿por qué no votó el PP a favor y, en su lugar, se abstuvo?

Como medida de protesta, porque cuando Salado fue alcalde en la pasada legislatura se topó con el voto en contra de IU exactamente en la misma cuestión. En 2011, el portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, reprochaba al PP que le quiere quitar competencias tan importantes a este Pleno como la contratación y concesión de toda clase, como la concertación de operaciones de crédito, como la aprobación de proyectos de obra y servicios, como la adjudicación de concesiones, la enajenación de patrimonio, la enajenación de bienes declarados de valor artístico y se las lleva a un cuarto oscuro para tomar las decisiones con sus compañeros de grupo, al tiempo que apostaba por “hacer una gestión diferente, que dialoguen, que entablemos conversaciones para todos los asuntos”.

Así pues y aún considerando que dotar de esa autonomía a la Junta de Gobierno es beneficioso para el municipio, la bancada popular no apoyó la medida… pero tampoco se opuso a ella. Salado lo presentó como una mera protesta por esa doble vara de medir que había tenido IU, convencido, además, de que su abstención no afectaría al resulto positivo de la moción al contar el entonces cuatripartito con mayoría.

Pero, ¿fue Fernández Ibar el único con doble vara? Lo cierto es que no y aquel Pleno se encargó de ilustrar el modo en que nuestros  concejales nos gobiernan. El portavoz de IU, del mismo modo que había hecho Salado con él, leyó fragmentos de actas plenarias.

Cuando PP disfrutaba de una amplia mayoría absoluta con 13 concejales en 2011, Salado defendió las atribuciones de la Junta de Gobierno indicando en Pleno que “no puede permitir que se diga que se está hurtando la participación a los grupos políticos, es una competencia que establece la Ley, que da la oportunidad al Pleno a delegar esas competencias en la Junta de Gobierno Local por operatividad […] No se hurta el debate, debatidas por todos los miembros de la corporación que estén allí representados, que son todos los grupos políticos, así que ahí está el momento dehacer las propuestas, las reivindicaciones, las modificaciones que se consideren oportunas a esos asuntos que tienen que ir dictaminados en Comisión Informativa, que van a ser debatidos, que van a ser propuestos…”.

Paradójicamente, no pensaba lo mismo Salado cuando en 2007 volvía a ser oposición y mostraba su convencimiento de que “entendemos la postura del equipo de Gobierno, hemos sido equipo de Gobierno y se busca la agilidad administrativa por supuesto, pero como oposición nunca podemos estar de acuerdo en que competencias que se tienen que debatir y votarse en este Pleno, se trasladen a la Junta de Gobierno Local y se le quite a la oposición esa posibilidad de debatir y defender esos asuntos en este Pleno”.

Parece que en esta cuestión de dotar a la Junta de Gobierno de atribuciones, unos y otros sólo consideran que beneficia al municipio cuando son ellos los que están en el Gobierno y, por tanto, quienes gozan de esas atribuciones. En este misma legislatura, todo indica que vamos a ser testigos de ver ese doble rasero con los concejales del PA, que si hace un año y medio votaban una cosa, ahora votan la contraria, como si hubieran confundido a quién deben lealtad: la lealtad no era al cuatripartito, por encima de esa siempre debía haber estado la lealtad a la ciudadanía, que es quien les cede la soberanía (máxima que los miembros del actual tripartito deberían grabarse a fuego).

Donde dije digo…

No sorprende que la ciudadanía dude de sus políticos y termine por meter a todos en el mismo saco. Estos cambios de postura, en los que el pueblo siempre es el más perjudicado, no contribuyen a generar confianza en nuestros gobernantes. Quizás la ‘política del cambio’ lleva años ejerciéndose, pero la del cambio de opinión según se esté o no en el Gobierno.
El ‘donde dije digo, digo Diego’ ya lo hemos visto con el cambio de parecer del PP sobre el desbloqueo del 25% del Capítulo 2.

Otro ejemplo: En el Pleno de Constitución del 2011, la ahora alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), reprochaba al PP que “al menos esta propuesta hubiese sido tratada con los distintos grupos y hubiesen tenido la posibilidad de manifestar su opinión”. Sin embargo y a pesar de que el equipo de Gobierno siempre se ha jactado de ser dialogante, tanto PP como C’s  han denunciado en múltiples ocasiones el rodillo de la mayoría del cuatripartito, el modo en que, según el PP, “no ha habido diálogo, ni consenso” y cómo la Junta de Portavoces se celebra “con todo hecho, todo decidido y sin tener en cuenta a ningún político”. Nada han indicado, empero, sobre qué sucedía cuando PP tenía 13 concejales. Tampoco han indicado los dos partidos de la oposición, qué poder decisión real tiene sus portavoces en estas Juntas de Gobierno, si Sergio Díaz Verdejo (PP) y Elena Aguilar (C’s) pueden tomar decisiones in situ sin consultar a sus superiores.

Hechos que se han extendido a los gestos, como que incluso ni siquiera se haya invitado a los partidos de la oposición a las ruedas de prensa de anuncio de medidas cuya autoría era exclusiva de alguna de las formaciones de la oposición.

Ahora, con un Gobierno en minoría, el tripartito va a ser fiscalizado de manera exhaustiva, aunque ello implique que el municipio pueda verse perjudicado. Y es que, que todas las medidas a adoptar tengan ahora que ser debatidas y aprobadas en un Pleno donde no se ha hecho demasiada gala de diálogo, ralentizará todo el proceso de toma de decisiones… y en la sala de espera es el pueblo el que queda. Cuando el revanchismo y el rencor prima sobre el mandato que le ha dado la ciudadanía a sus representantes políticos, ya sea ahora, en el pasado o en el futuro, todos perdemos.