Cuestionada la legalidad de las ayudas al IBI por empadronamiento

Las ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por estar empadronad@ no son legales. Así de tajante fue el interventor del Ayuntamiento de Torremolinos, José Luis Fernández Casado, durante la última de las Tertulias Mínimas que habitualmente organiza Arrinconados en la librería La Mínima.

«No se puede discriminar a los habitantes que no están empadronados, ni con el pago del IBI, ni con las matrículas para la inscripción en las Escuelas Municipales, etc.», apuntó Fernández Casado. Sabe de lo que habla: con casi 40 años de experiencia a sus espaldas, llegó el año pasado al Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado durante 20 años por el Partido Popular (ahora en la oposición), muchos de los cuales estuvo sin habilitados nacionales -ni interventor ni secretario.

Ha sido durante esta legislatura cuando el Consistorio torremolinense abrió diversas auditorías municipales que reflejaron, entre otras muchas irregularidades sólo en el período 2011-2014, que donde PP aseguraba que existía un superávit de 15 millones de euros en remanente de tesorería, había en realidad un déficit de más de 70 millones. Subvenciones concedidas en pedazos de papel si justificación, desfase en los créditos bancarios de 15 millones de euros, falseo de cuentas… la lista es interminable y todo apunta a que las responsabilidades irán más allá de las meramente políticas.

Ya con Fernández Casado como interventor, Torremolinos ha tenido que modificar su ordenanza fiscal. Las ayudas al pago del IBI por estar empadronad@ han sido suprimidas. Tan sólo existe la posibilidad de recibirlas como ayuda a un bajo nivel de ingresos, pero nunca como un premio por estar en el padrón. En este sentido, la Abogacía del Estado interpuso el año pasado una demanda contencioso-administrativa para anular estas ayudas; demanda cuya resolución no se ha producido pero ante la cual el Ayuntamiento de Torremolinos no ha querido esperar.

A fin de cuentas, ya en 2013, el Defensor del Pueblo Andaluz resolvía que «de conformidad con la legislación vigente en materia tributaria, y la posición mantenida al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía» debían adoptarse «las medidas que resulten necesarias en aras a reconocer el mismo tratamiento fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles a los titulares de inmuebles en el municipio de Torremolinos, con independencia de su condición de empadronados o no«.

El caso rinconero

En Rincón de la Victoria se perciben ayudas del 25% por estar empadronado (y es uno de los incentivos dentro de la campaña de empadronamiento). Una medida que, con independencia del porcentaje de ayuda, ya se aplicaba durante la pasada legislatura con el PP en la alcaldía y se aplicará tras la moción de censura del próximo 5 de junio, dado que es uno de los 103 puntos impuestos por Ciudadanos a PP y PA para apoyar esta moción.

Consultados los habilitados por este medio, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel, desconocía la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz o la demanda de la Abogacía del Estado al Ayuntamiento de Torremolinos, desviando la gestión de este asunto a la intervención.

Por su parte, el interventor, Gaspar Bokesa, admitió que «Hacienda no lo ve claro, porque se puede tramitar como renta». Según explica, «el Patronato de Recaudación nos lo comentó, pero no hemos tenido ningún requerimiento ni ningún beneficiario que se haya quejado». Sí admite que «el Patronato nos ha indicado que está cogido con pinzas».

Estas reticencias por parte de Hacienda vienen del hecho de que este tipo de ayudas son consideradas por Hacienda como subvenciones, por tanto como ingresos por los que hay que tributar. De ello se desprende, y así ha sucedido en diversos casos en Torremolinos, que personas que no están obligadas a realizar la Declaración de la Renta por no llegar a los ingresos mínimos sí han de presentarla al recibir la subvención y considerarse que tiene dos pagadores.  En consecuencia, puede llegar a subir el tipo impositivo y, tal y como ya ha sucedido en algunos casos, pagar al erario público una cifra muy superior al descuento del 25% del IBI (superando incluso los 1.000 euros).

Otro problema derivado, tal y como expuso Fernández Casado durante la Tertulia Mínima, es que en caso de demanda por parte de un ciudadan@ que tenga casa en el municipio pero no esté empadronad@ y, por tanto, no disfrute de esa rebaja del 25% en el pago del IBI, podría suponer que todas las personas que sí la han tenido tengan que devolver el dinero de esa subvención retroactivamente por el número de años que establezca la Justicia.