El Ayuntamiento ignora una moción aprobada por unanimidad en Pleno por la que podría recaudar miles de euros a las energéticas

Hace unos días, el Diario Sur situaba a Rincón de la Victoria a la cabeza de la provincia como uno de los Ayuntamientos que más tributos cobra. Sin embargo, la recaudación no alcanza a todo el mundo por igual: pese a contar con una sentencia del Tribunal Supremo y haber sido aprobado por unanimidad en Pleno el inicio de estudio para abordar la medida, las empresas energéticas continúan librándose del pago de impuestos.

Corría el mes de febrero y tras la presentación en Pleno Ordinario de una moción por parte del concejal no adscrito, Antonio Pérez, toda la Corporación aprobaba por unanimidad el inicio de estudios para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo por la que es legal obligara a las empresas energéticas (electricidad y gas) a pagar a los Ayuntamientos por el uso de suelo público. Nueve meses después, todo sigue igual, nada ha cambiado.

La recaudación por estas tasas, tanto a las empresas eléctricas como de suministro de gas, podrían suponer un gran alivio a las malogradas arcas municipales cuyo estado impide, incluso, cubrir las jubilaciones de personal esencial para el funcionamiento del día a día de Rincón. De haber cumplido con la moción aprobada en febrero, para 2018 ya sería posible cobrar entre 3.000 y 12.000 euros por metro lineal según el tipo de tensión -baja, media o alta-; y entre 500 y 4.000 euros en lo que respecta al gas.

¿De dónde salen estas tarifas? De la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que encargó un estudio técnico-económico a expertos en la materia. Precisamente del fallo del Supremo y de estos trabajos ya se han beneficiado Ayuntamientos como el de La Carlota (Córdoba), que pone en práctica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que «establece que las empresas eléctricas, de gas, de agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local e, igualmente, también establece como hecho imponible la ocupación por las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren».

Mala previsión

Al hecho de no haber ejecutado lo aprobado en Pleno, se suma la mala previsión por parte del Consistorio rinconero que deriva en molestias para los vecinos y vecinas del municipio. Este es el caso, por ejemplo, de La Cala del Moral, que ve cómo las aceras cuyas calles se reformaron por completo hace apenas dos años (foto superior), son ahora levantadas para la instalación de las conducciones de gas natural.

Problemas de accesibilidad, ruido, polvo y una reducción del, ya escaso, espacio destinado al aparcamiento son las consecuencias directas de no haber contemplado esta obra durante los meses a lo largo de los cuales se prolongaron las reformas, inciadas por el Gobierno del Partido Popular en plena campaña electoral de 2015.