El despropósito del paseo marítimo de Torre de Benagalbón se agiganta

Arrinconados Pleno

Con motivo de la aprobación de la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras del ámbito afectado por el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre desde el arroyo Granadillas hasta el arroyo Santillán durante el pleno ordinario de ayer, se dieron a conocer un cúmulo de imprecisiones en informes técnicos municipales que, lejos de  arrojar luz sobre este tramo de más de tres kilómetros y medio, lo sume en más oscuridad.

El portavoz de Ahora Rincón, Antonio Moreno, fue quien puso el énfasis en dichas imprecisiones. Según explicó, asociado al escrito remitido a Demarcación de Costas en respuesta a su propuesta de deslinde -que llega casi con un año de retraso sobre lo comprometido–  se adjunta un informe dos apenas folios por parte de los técnicos municipales en el que en repetidas ocasiones se utiliza el término “ligeramente”, para describir la medida en que se desplaza la línea de deslinde.

El grupo de Ahora Rincón quedó en alerta tras comprobar que en uno de los casos en los que sí se detalla una medida concreta a ese “ligeramente”, ésta es de 1,60 metros, lo que a sus ojos supone “una diferencia sustancial” respecto a lo que la formación morada entiende  por “ligeramente”. A este respecto, el regidor, Francisco Salado (PP), no rindió más explicación que acogerse a que “hemos aplicado el sentido común”.

 

No fue el único desencuentro entre ambos ediles, pues Moreno se posicionó del lado de Demarcación de Costas, que en su deslinde ha elevado la ribera y, por tanto, la zona de protección en la que no se debería construir. En su opinión y por una cuestión medio ambiental, es importante considerar que “el nivel del mar está subiendo progresivamente”,  lo que unido a la dureza cada vez mayor de los temporales hacen que, de no hacerlo así, el futuro paseo marítimo termine tomado por el mar. Desde el área del Urbanismo, dependiente de Alcaldía, se ha remitido un escrito en el que se reclama mantener dicha protección como está, con objeto de no originar problemas en futuros otorgamientos de licencias.

En su informe, los técnicos municipales consideran que mover la línea de deslinde 1,60 metros es hacerlo 'ligeramente'

Por otro lado, la portavoz socialista, Encarnación Anaya (PSOE), que recordó que el deslinde no va ligado a la construcción del paseo marítimo -aunque sí guardan relación entre sí-, advirtió al Gobierno que debería iniciar el proceso de recuperaciones posesoriashasta 66 es necesario acometer– pues se trata de expedientes administrativos que se prolongan mucho en el tiempo, si bien es cierto que la construcción de paseo marítimo queda aún más lejos tras prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que será necesaria tras la incapacidad del Gobierno central por sacar adelante unas nuevas cuentas.

En este mismo sentido, Pedro Fernández Ibar (IU), reclamó la celebración de una consulta popular vinculante entre toda la ciudadanía para que sea ésta la que decida el modelo del futuro paseo marítimo, tal y como ya se había comprometido el anterior equipo de Gobierno liderado por Anaya. A este respecto, Salado confirmó que se realizará dicha consulta entre colectivos y personas individuales, “esperando que la participación sea la mayor posible”. Además, sugiriendo el espíritu vinculante aunque sin emplear en ningún momento dicha palabra, el regidor popular afirmó tajante que “no se va a realizar una consulta para hacer lo contrario de lo que diga la gran mayoría”.

Subida de la tasa de basuras

Por otro lado, la modificación de la tasa de basuras se aprobó inicialmente con el único apoyo de la tríada PP-PA-C’s, que contó con un voto menos, pues José Mª Gómez Muñoz (PA), no pudo estrenar su dedicación exclusiva en sesión plenaria (con un coste para el Ayuntamiento superior a los 37.500 euros), por estar ausente por enfermedad.

Fernández Ibar reprochó al concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), “haber traído una ordenanza fiscal sin el debido estudio”, citando como ejemplo la subida a locales como hamburgueserías, que pasarán de pagar unos 120 euros a casi 300 euros al año. Otra de las incongruencias destacadas, que el propio Salado admitió y para la que la nueva ordenanza de PP-PA no ha resuelto, es que la tasa sea idéntica para una pescadería que para un despacho de abogados.

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Fernández (PP) junto al interventor municipal.

Por otro lado, el concejal no adscrito, Antonio Pérez, mostró su negativa a otras de las novedades introducidas por la ordenanza aprobada inicialmente por PP-PA-C’s y que se traduce en eximir del pago a los dueños de locales comerciales que estén cerrados.

Paralelamente, la modificación de ordenanza que sí contó con mayores apoyos fue la del IBI, que bajará el tipo del actual 0,92% al 0,89% el año que viene. Esta medida supondrá una pérdida de recaudación de unos 585.000 euros, según el edil de Hacienda, que sin embargo se verá amortiguada por el incremento interanual del 10% del impuesto que decretó el actual Gobierno central.

Anaya recordó que “fue el PP de Rincón de la Victoria durante su mayoría absoluta el que subió los tipos hasta el 0,96%”, siendo al principio de esta legislatura cuando comenzó la bajada progresiva -actualmente está en el 0,92%- con la intención de cumplir el año que viene con la promesa electoral de alcanzar el 0,87%. El concejal de Economía indicó que para 2019 -año electoral- se bajará el tipo, incluso, más allá del 0,87%.

Expediente disciplinario

Antes de las actividades de seguimiento y control, Francisco Salado informó al Pleno de la resolución de la Dirección General de la Administración Local, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que se niegan motivos suficientes para abrir un expediente disciplinario al interventor municipal, tal y como había sido solicitado por el anterior equipo de Gobierno, al considerar que habría incurrido en una falta grave en el desempeño de su labor.

Salado, que apenas un mes después de tomar posesión, intercendió ante la Junta para solicitar que no se abriera dicho expediente disciplinario, felicitó al interventor. Por su parte, tanto Anaya como Moreno se reiteraron en su parecer al considerar que el desempeño del habilitado no ha estado a la altura del cargo -citando como ejemplo el hecho de no haber fiscalizado que durante más de 15 años haya sido el Ayuntamiento quien ha pagado la factura del suministro eléctrico de EMMSA, a pesar de que por contrato es responsabilidad de la empresa.

Además y una vez denegado el expediente por la Junta, Moreno instó a Salado a pronunciarse si considera al menos falta leve que el interventor le acusara publicamente de racista, por lo que es potestad del Consistorio abrir o no expediente. El popular zanjó la cuestión indicando que al habilitado no se le valora por lo que declara a los medios de comunicación, sino por su labor entre las cuatro paredes del Ayuntamiento.

Sin cuentas públicas de ferias

En otro orden de cosas, durante las actividades de seguimiento y control conocimos que a día de hoy siguen sin haberse hecho públicas las cuentas de ninguna de las ferias de La Cala del Moral, Rincón ni Torre de Benagalbón. En esta misma línea, PSOE declaró continuar sin tener acceso al expediente del cine de verano. Asimismo, quedó patente que ninguna de las mesas (Turismo, Accesibilidad, Memoria Histórica) se ha convocado en lo que va de año.

Francisco Salado se comprometió, por segunda vez en los últimos meses, a traer a pleno el expediente del alumbrado eléctrico sobre el que Arrinconados lleva pidiendo información desde el pasado mes de agosto, teniendo el silencio por respuesta.

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El andalucista, Gómez Muñoz, no pudo estrenar en sesión plenaria su dedicación exclusiva, cuyo coste para las arcas municipales supera ampliamente los 37.500 euros.

Ezequiel Carnero  (Ahora Rincón), trasladó al equipo de Gobierno la preocupación expresada por agentes de Policía Local que aseguran estar patrullando en solitario, en lugar de por parejas. El popular Antonio Manuel Rando (PP) avanzó que las negociaciones mantenidas con los sindicatos se encaminan a que “haya una persona en sala y dos patrullas uniformadas en la calle”.

En cuanto a la ordenanza del taxi, el concejal de Transporte y Movilidad, Sergio Díaz (PP), confirmó que “las alegaciones están sin contestar”, justificándolo en el hecho de haberse centrado en las tarifas, quedando parada la ordenanza, que lleva dos años en dique seco desde su aprobación incial.