El tripartido aprueba en solitario los presupuestos más tardíos tachados de electoralistas

Con cuatro meses de retraso respecto a lo que dicta la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento ha aprobado esta mañana los presupuestos para 2023. Lo ha hecho con el voto negativo de la oposición en bloque, que ha reprochado que el retraso haya llevado a la aprobación en plena precampaña de las elecciones municipales y habiendo llamado a determinadas asociaciones para guiarles en la presentación de sus alegaciones.

Aprobadas las cuentas para 2023, el equipo liderado por Francisco Salado (PP) prevé unos ingresos de 50,17 millones de euros y unos gastos de 49,95 millones. Pese a su brevedad, el Pleno extraordinario en el que se han aprobado las cuentas para 2023 ha estado marcado por las duras críticas de la oposición a la gestión del tripartito PP, Cs y PMP, y acusaciones veladas de compra de votos. Estas denuncias han venido motivadas por el inusual número de alegaciones presentadas por colectivos y asociaciones.

La concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Clara Perles (Cs), ha explicado que la normativa obliga ahora a conceder ayudas por la vía de la subvención (de Capítulo 2 se ha pasado a Capítulo 4), por lo que era necesario conocer de antemano las solicitudes. La propia Perles ha admitido que desde el equipo municipal se contactó con algunas asociaciones advirtiéndoles del cambio e, incluso, asesorando en la confección de las alegaciones.

Desde Podemos, Rosa Ramada, ha recriminado el tufo electoralista de este proceder, dado que no se ha llamado a todos los colectivos, mientras que el edil de Vox, José Antonio Rodríguez, ha ironizado al apuntar que «los miembros de las asociaciones votan y las aceras y los bordillos no», para evidenciar cómo se ha visto reducida la partida para pequeñas reparaciones urbanas en favor de estas alegaciones.

Las acusaciones a electoralismo han ido a más, avaladas por el hecho denunciado por Ramada que ha revelado que en esta ocasión no se ha proporcionado a la oposición copia del registro de las alegaciones presentadas por los colectivos y asociaciones, ocultándose de este modo el contenido de las mismas.

Se dispara la deuda

El otro punto conflictivo ha venido por haber aumentado la deuda municipal en casi cinco millones más de euros. El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), lo ha atribuido al pago de la expropiación de la Cueva del Tesoro, que finalmente se ha situado en siete millones de euros, de los que ya se han abonado cerca de cinco millones, restando otros dos millones en concepto de intereses legales que se irán pagando hasta 2026.

En este sentido, los deficientes cálculos realizados por el Ayuntamiento han disparado el precio de la Cueva, pues cuando se inició el expediente en 2009, el Consistorio tan sólo estuvo dispuesto a pagar 350.000 euros, mientras que la familia Laza Zerón propietaria del yacimiento, solicitaba 3,5 millones, es decir, un millón y medio menos de lo finalmente dictaminado por el juez en 2017. Fue entonces cuando en lugar de aceptar la sentencia, el Ayuntamiento agotó la vía legal teniendo ahora que abonar dos millones de euros de intereses.

A este respecto, el portavoz socialista, Antonio Sánchez, ha lamentado la falta de previsión en incorporar estas expropiaciones, recordando que este mismo año vendrán más y tampoco se recogen en unos presupuestos sin apenas superávit (unos 200.000 euros en el consolidado, frente a 1,3 millones de 2022) y una fondo de contingencia insuficiente de 500.000 euros.

Alegaciones rechazadas

La oposición en bloque ha mostrado su malestar por el rechazo de todas sus alegaciones. En casos como los de Podemos, Ramada ha indicado que «he visto con asombro cómo una que aceptaron el año pasado pero que no ejecutaron, este año en cambio se ha rechazado«.

En este mismo sentido, el edil socialista ha reconocido que este año el PSOE no ha presentado alegaciones «porque no son nuestros presupuestos ni los que necesita el municipio y el año pasado las pocas que se aceptaron tampoco se ejecutaron».