El secretario municipal determinará si hay indicios de prevaricación en los últimos contratos de limpieza y jardinería

Arrinconados legalidad

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.

A las 11:19 horas de esta mañana, PSOE, Ahora Rincón, Izquierda Unida (IU) y el concejal no adscrito, registraban la solicitud del mencionado informe de legalidad. La labor fiscalizadora que les corresponde ha llevado a diez concejales de la oposición, lo que supera con creces el tercio legal de la corporación que marca la ley, a buscar garantías de que no se ha cometido un delito de prevaricación.

Dado que en virtud a su acuerdo de investidura, Ciudadanos forma parte del equipo de Gobierno aunque no forme parte de él, tal y como ha admitido en sesión plenaria el alcalde, Francisco Salado (PP), ningún edil de la formación naranja ha respaldado la solicitud de este informe de legalidad.

Qué es un contrato menor

Según el artículo 139.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP- (EDL 2011/252769), los contratos menores son aquellos que, en el caso de contratos de obras, no superan los 50.000 euros y, en el de servicios, a 18.000 euros, en ambos casos IVA excluido.

¿Qué puede buscar un fraccionamiento?

Los fraccionamientos de contrato pueden buscar eludir, mediante la utilización de contratos menores, las normas de publicidad y concurrencia que establece tanto las Directivas Europeas como el TRLCSP. A este respecto, el artículo 86.2 TRLCSP dispone que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

¿Hay contrato como tal?

No tiene por qué. Una vez de terminada la empresa que prestará el servicio o realizará la obra, según el artículo  72.1 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (EDL 2001/34761), la misma factura podrá hacer las veces de documento contractual. En este sentido, para proceder a realizar un contrato menor basta con disponer de la aprobación del gasto y la presentación de la factura.

¿Qué justificaciones se pueden buscar?

Si nos remitimos al informe 31/12 (EDD 2013/320438) de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, podemos encontrar un ejemplo en el que se ilustra a la perfección una justificación típica del fraccionamiento del contrato. Se trata del caso de un Ayuntamiento que quiere reparar las aceras del municipio y, en lugar de que convocar un único concurso público, lo que hace es atribuir diferentes tramos de acera a pymes de la localidad con el fin de dinamizar la economía local.

En un primer momento, la Junta Consultiva es clara, al determinar que esta finalidad por sí sola, no justifica que se proceda a dividir el objeto del contrato, rompiendo esa unidad funcional, por lo que deben respetarse las reglas generales de adjudicación de contratos, en cuanto a la publicidad, la concurrencia y el procedimiento a seguir”.

Sin embargo, en un informe posterior (informe nº 12/15, de 6 de abril de 2016 (EDD 2016/88533), considera necesario aplicar cierta flexibilidad con objeto de“mejorar las políticas de apoyo institucional al emprendimiento y, por lo tanto, a las pymes”. El informe destaca que a nivel europeo la Estrategia Europa 2020, que tiene como objetivo último convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora mediante la profundización en el objetivo del mercado único, y dentro de éste mediante la mejora del acceso de las pymes al mismo y el fomento del espíritu emprendedor”.

Dicho de otro modo, la Junta Consultiva determina que favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública podría ser una justificación válida para que se puedan dividir lotes.

¿Por qué puede haber delito?

Por dos motivos. En primer lugar, por el hecho de haber adjudicado dos contratos menores, por cerca de 41.000 euros, a dos empresas diferentes, como son Viam Muneris y Grupo AML y Apimma Events, pero que pertenecen al mismo empresario. En este caso, no parece que dinamizar economía local sea el fin perseguido, pues el dinero termina revirtiendo en el mismo sitio.

En segundo lugar, porque la justificación de repartir trabajo entre las pymes locales no avala la contratación a dedo, sino la convocatoria de un concurso público dividido en diferentes lotes, pues sólo de esa manera se dan realmente más opciones a las pymes. Por ser más claros, la línea que marca lo correcto de lo incorrecto estriba, fundamentalmente, en la publicidad y concurrencia, ambas aparentemente ausentes en estas cinco contrataciones por parte de PP-PA.

¿Qué papel juegan el secretario y el interventor?

Existen sentencias condenatorias contra el secretario, el interventor o el secretario-interventor en casos de fraccionamiento ilegal de un contrato. ¿Por qué? Por no advertir o efectuar el reparo de legalidad correspondiente. En esos casos, las figuras del secretario o el interventor actuarían como cómplices más que como autores, si bien es cierto que no son pocas las ocasiones en las que los gestores políticos se saltan los reparos impuestos por ambas figuras.

En el caso concreto de estas contrataciones y a la luz de los hechos expuestos hasta el momento, no se produjo ningún reparo ni por parte de Berbel ni por parte de Bokesa, por lo que el informe de legalidad del secretario cobra especial importancia, incluso, para él mismo.