La auditoría externa del Ayuntamiento, cada vez más lejos

Arrinconados Auditoria

Fue promesa electoral de las formaciones del cuatripartito y es el punto 55 del Programa del Cambio; sin embargo, la auditoría externa de las cuentas municipales se aparece cada vez más lejana. Mientras, la ciudadanía sigue exigiendo esta medida básica de transparencia para averiguar cómo se generó una deuda municipal que nadie ha sido capaz de justificar hasta la fecha.

Arrinconados DeudaLa última cifra oficial aportada desde el Ayuntamiento por el actual equipo de Gobierno para referirse a la deuda que arrastra el municipio fue de 73,4 millones de euros. Una cantidad que nadie sabe a ciencia cierta cómo se disparó de ese modo, más aún considerando los años de bonanza con el boom inmobiliario -con los millones de ingresos que aportó en licencias de obra- y, sin embargo, la carencia de infraestucturas que padece Rincón.

Por este motivo, los rinconeros acogieron de muy buen agrado en campaña electoral las promesas de una auditoría externa que, además y una vez formado ya el nuevo Gobierno, se ratificó en el Programa del Cambio. Sin embargo y tras más de cuatro meses de Gobierno, la auditoría ni ha llegado ni se la espera. Lo más cerca que ha estado de hacerlo, ha sido en la empresa pública EMVIRIA, en la que después de haber realizado una auditoría interna, el equipo de Gobierno no ha dudado en afirmar que ha “salvado sus cuentas”.

Preguntado por la auditoría municipal externa, el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón), señala que “eso es labor del Tribunal de Cuentas, al que ya hemos solicitado las actuaciones, pero son muchos los municipios que lo han hecho”, dando así a entender que podría pasar mucho tiempo antes de que esta auditoría se produjera, si es que realmente algún día lo hace.

No obstante, la opción del Tribunal de Cuentas no era la prometida por el cuatripartito, que en su discurso previo hablaba de un auditor externo del ámbito privado más que de uno oficial, lo que supone un coste elevado pues este tipo de auditorías no son en absoluto baratas.

En este sentido y después de que Arrinconados preguntara si en la elaboración en curso de los Presupuestos Municipales para 2016 se ha reservado una cantidad para el pago de un auditor, Moreno confirmó la “reserva de una cuantía”, pero puntualizó que la última palabra no es suya, sino del interventor municipal, Gaspar Bokesa.

Arrinconados Moreno y Bokesa

Moreno y Bokesa, que es quien tiene la última palabra sobre la auditoría externa.

Tal y como explica el concejal de Hacienda, “el encargado de la auditoría es el interventor y únicamente es posible externalizar la auditoría si él manifiesta que no es capaz de realizarla y precisa de apoyo externo”. Este condicionante hace que el interventor se convierta en juez y parte de una auditoría que, de demostrar que existe deuda ilegítima, podría salpicar responsabilidad directamente sobre Bokesa.

Moreno: 'Únicamente es posible externalizar la auditoría si el interventor manifiesta que no es capaz de realizarla él mismo'

A fin de cuentas, el papel del interventor municipal es el del control interno de la gestión económico-financiera, informando sobre la legalidad de cada ingreso, gasto o pago y siendo responsable personalmente en los casos de ilegalidad si no formuló previamente reparo. De este modo, parece poco probable que el interventor solicitara una audiotoría externa que podría terminar por volverse en su contra.

En este sentido, resulta complicado entender que en ‘la operación de salvamento de EMVIRIA’, la auditoría interna revelara que, a pesar de la labor del interventor, se hubiera producido un déficit de 51.610,61 euros y la empresa municipal se hubiera deducido el IVA -algo que no está permitido-, por lo que la Agencia Tributaria ha exigido la devolución de casi 30.000 euros, en los que se incluyen los intereses de demora y el pago de una sanción.

Auditorías low-cost

En esta coyuntura, una de las opciones que podría darse es la de la creación de un Observatorio Ciudadano Municipal que asumiera la realización de esta auditoría externa. Esto significaría que profesionales (economistas, auditores, abogados…) de la sociedad civil se unieran para acometer esta labor de control que desde el Ayuntamiento no se ha iniciado hasta la fecha.

Sin embargo, y aunque la ventaja para el Consistorio es que tiene coste cero para sus arcas, este tipo de ‘auditorías low cost’ corren el riesgo de no tener el mismo rigor ni exhaustividad que la que podría realizar una empresa auditora, además de ser susceptible a los intereses partidistas, perdiendo la objetividad e independiencia necesarias.

RECTIFICACIÓN
El interventor no tiene competencia alguna sobre las empresas públicas  como EMVIRIA, que de hecho son auditadas por un auditor externo, tal y como explica el propio Bokesa en esta entrevista.