La falta de transparencia en torno a la Policía Local deriva en una nueva denuncia a Inspección de Trabajo

La denuncias ante los organismos competentes por la gestión municipal que lleva a cabo el tripartito PP-Cs-PMP se comienzan a acumular, tanto en materia de transparencia, como laboral o medio ambiental. Una de las últimas en producirse es la interpuesta por el sindicato CCOO, que denuncia la negativa por parte del Ayuntamiento que preside Francisco Salado (PP) a facilitar información sobre el número de horas extras de la Policía Local, así como la distribución de las gratificaciones entre los agentes por la realización de servicios extraordinarios.

A pesar de que la ley obliga al Consistorio a facilitar información a los Delegados de Personal pertenecientes a la Junta de Personal o a los Delegados Sindicales elegidos en virtud de la la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Ayuntamiento se niega sistemáticamente a hacerlo, lo que ha motivado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por parte de CCOO.

Según apunta el sindicato, la adjudicación de los servicios extraordinarios que se abonan como gratifaciones -horas extras- entre los agentes de la Policía Local, no se estaría haciendo ni con la debida transparencia, ni de manera ordenada o equitativa entre todos los integrantes del Cuerpo.

Ante estos hechos, el equipo de gobierno liderado por Salado se niega a contestar,a pesar de que dicha información debería facilitarse de oficio y mensualmente a los órganos de representación de los trabajadores y a las secciones sindicales.

Estos hechos vienen sucediendo desde la moción de censura de 2017 que devolvió el poder al sector conservador del Pleno. Como recuerda CCOO, ya en 2018 «la Inspección Provincial de Trabajo sancionó al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con 3.000 euros, por vulneración del derecho sindical a la información».

La opacidad intencionada continua siendo una práctica habitual del tripartito de Salado, Elena Aguilar (Cs) y José Mª Gómez Muñoz (PMP), a los que hace unos meses el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) requirió que cumplieran con la ley.

Juicio por delito mediambiental

Mientras, el juicio por el supuesto delito de prevaricación y contra la flora y fauna silvestre por el arboricidio cometido en La Cala del Moral en septiembre de 2020 se ha reactivado durante el mes de marzo. Despúes de que en octubre de 2021 tuviera que acudir Salado a la Ciudad de la Justicia, el pasado 2 de marzo fue el turno para el jefe técnico de la empresa OBRACSA, S.L., concesionaria del contrato de renovación del acerado. Tal y como explica la Asociación Moral y Acción Verde, aún no se han expuesto los motivos por los que «se alteró el contrato licitado al sustituir 85 árboles de sombra por palmeras, cuando el proyecto adjudicado especificaba la sustitución de 30 ejemplares de la especie Brachychiton por otros 30 de Koelreutia paniculata».

La Asociación Moral y Acción Verde a la entrada de los juzgados aguardando la entrada de Salado, el pasado mes de octubre.

A esta declaración, se suma también más recientemente, la del técnico municipal de EMVIRIA con objeto de explicar, según indica la Asociación, por qué se produjo esta sustitución de arbolado por palmeras coco plumoso, «sin informe positivo ni dirección técnica del área responsable».

«La Asociación Moral y Acción Verde sigue adelante en la defensa del derecho de los ciudadanos a participar en la evolución y desarrollo de sus ciudades, y reitera la importancia del arbolado para la salud ambiental urbana, en especial en la situación actual de cambio climático», concluyen fuentes de la Asociación.