La gestión pública contra la privada y cruces de acusaciones protagonizan un largo Pleno

Arrinconados Pleno Marzo

Siete horas y media. Ese es el nuevo record conseguido por el Pleno municipal en la última de sus sesiones ordinarias que, a pesar de extenderse hasta cerca de las dos de la madrugada, proporcionalmente, a penas ofreció contenido de interés para la ciudadanía, más allá de cruces de acusaciones y rifi-rafes entre formaciones. En el epicentro del Pleno, el debate entre la gestión público o privada.

Tras una moción institucional a propuesta de la concejala de Igualdad, Yolanda Florido (PSOE), para reiterar y reforzar la moción que ya se aprobara hace un año en torno a la celebración del 8 de marzo -compromiso de creación del Consejo Municipal para la Igualdad incluido-, y de una moción del concejal no adscrito, Antonio Pérez, para fomentar la implantación de puntos de abastecimiento para vehículos eléctricos, se abrió la veda para las descalificacioes de una y otra bancada.

El debate que ocupó más horas fue el surgido a raíz de la moción de IU en relación a la remunicipalización de la EMMSA. El portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, justificó la gestión pública del servicio de limpieza en un ahorro que rozaría el 17% o, lo que es lo mismo, 1,5 millones de euros. “Nos ahorraríamos el beneficio empresarial de FCC [el socio privado]”, indicó Fernández Ibar, sin cuantificar este montante. Sí lo haría poco después, en cambio, Francisco Salado (PP), que aportó la cifra de 200.000 euros, si bien desde el Gobierno se indicaría que es mayor (también sin aportar cifra alguna).

El concejal de IU, no sólo reforzó su argumentación en el hecho de que los actuales pliegos con FCC limitan el servicio de limpieza a determinadas calles y espacios y que todo lo extra es necesario abonarlo como un plus, sino que también miró a la gestión interna, recordando el escándalo de la EMMSA: “no sólo mejoraríamos la limpieza de las calles, sino también de la gestión”.

PA y Ciudadanos (Cs) se opondrían a la moción, justificando su sentido contrario del voto en la ausencia de informes técnicos que la apoyaran -aunque parte de la moción era, precisamente, la realización de dichos estudios-. El portavoz del PA, José Mª Gómez Muñoz, alias ‘Pepín’, acusaría al edil de IU de “crear mal ambiente entre los trabajadores de EMMSA” por haber indicado que las calles no se encuentran limpias, así como por haber sugerido los enchufes que podrían haberse producido en el pasado en la empresa mixta.

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Salado se mostró especialmente duro con la gestión de Moreno.

Tras culpar a Fernández Ibar de generar este malestar entre los trabajadores, advirtió a éstos de que, en caso de reminucipalizar la empresa, correrían el riesgo de perder sus empleos, pues tendría que opositar con el resto de l@s candidat@s que quisieran presentarse. Extremo, por otro lado, que hubo de encargarse de desmentir el concejal de Urbanismo, Antonio Sánchez (PSOE), que aclaró que en nigún caso sucedería tal cosa, pues “el Ayuntamiento subrogaría los contratos de las personas empleadas en la actualidad en EMMSA”.

La portavoz de Cs, Elena Aguilar, acusó de demagogia a Fernández Ibar, del que dijo que “ha huído del Gobierno al conocer su realidad económica”, al tiempo que defendió la mejor relación calidad-coste para el servicio de limpieza de Rincón. Mucho más contundente, en cambio, fue Salado, que se apoyó más en la situación económica del Consistorio para negar la remunicipalización. Desde su punto de vista, tanto el Plan de Saneamiento, que impide la contratación de personal, como el propio Gobierno central, que también imposibilita esta opción a las Administraciones Locales, no hacen viable recuperar la gestión pública del servicio de limpieza.

Paralelamente, Salado, que acusó al concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón), de realizar una “nefasta gestión económica”, se preguntó “¿qué haría el Ayuntamiento si tuviera que renovar la flota de camiones, si ni siquiera se está pagando todo el canon ni a los proveedores?”. Desde su punto de vista, “el problema no es si es privado o público, sino que faltan medios humanos y maquinaria para llegar a todos los puntos del municipio con la frecuencia necesaria”.

El popular cargó contra el concejal de Economía y Hacienda, afeándole que “pone en peligro la viabilidad de EMMSA” por los impagos -que cifró en 2 millones de euros de deuda con la empresa mixta-. Una cifra, por otro lado, que Moreno reduciría únicamente a dos mensualidades (de 550.000 euros cada una, de los que 400.000 euros son nóminas y el resto gestión, mantenimiento…), así como al reembolso de la devolución del IVA que realizó el ministerio de Hacienda, que supera los 600.000 euros.

Precisa Moreno se alinearía con Fernández Ibar en la necesidad de recuperar la gestión pública de un servicio que le cuesta al municipio 7 millones de euros al año y que privatizó Gómez ‘Pepín’ en su etapa de alcalde, en medio de lo que el concejal de Hacienda sugirió como “pactos oscuros con FCC”. Desde el PSOE, Sánchez también apostaría por la remunicipalización, indicando que “en este debate, quien gana siempre es FCC, que ha ganado mucho contrato con esa contrata”.

La votación se saldaría, finalmente, con el voto contrario de PP, Cs y PA, la abstención del concejal no adscrito y el voto favorable del resto.

A VUELTAS CON LA FISCALÍA
FISCALÍA Durante el debate de EMMSA se produjeron diferentes referencias al escándalo de EMMSA, que motivó que el pasado 20 de marzo, Anaya y Moreno acudieran a la Fiscalía Anticorrupción, a título personal y sin que en ello haya participado la asesoría jurídica del Ayuntamiento, según declaró la regidora a este medio. Fernández Ibar solicitó conocer el contenido de los diez folios y presentados y la más de una veintena de documentos adjuntos, pues “no se puede llevar sólo lo que interesa”, corriendo el riesgo de “hurtar información a la ciudadanía”. Ante estas acusaciones de que “hoy vuelve a haber opacidad”, Moreno justificó la confidencialidad de lo expuesto en Anticorrupción en intentar que ésta “trabaje sin presiones externas”, así como en mantener la presunción de inocencia. Anaya, por su parte, animó al edil de IU a que, en caso de sospechas de un presuntó ilícito, que “nada ni nadie te impida acudir a la Justicia, porque de lo contrario podrías estar incurriendo en un delito”. La regidora zanjaría la cuestión alegando que “hemos ido a la Fiscalía con todas las consecuencias”.

Piscina cubierta

Otro de los debates que ocupó la disyuntiva entre lo público y lo privado fue la gestión de la futura gestión de la piscina cubierta, puesta encima de la mesa por IU, cuyo portavoz se mostró inflexible a la hora de abrir la puerta siquiera a realizar estudios para comparar los costes de una gestión directa frente a una indirecta. Fernández Ibar rechazó la enmienda de Sánchez, por lo que su moción únicamente salió a votación (con oposición de PP, PA y Cs) con los estudios técnico de una gestión pública.

De nuevo, PA y Cs se mostraron contrarios a la moción por considerar que no existen estudios técnicos que la avalen -aunque una vez más, la moción solicitaba precisamente la realización de dichos estudios-. Aguilar, además, se mostró partidaria de esperar a la finalización de las obras de la piscina -previstas para dentro de un año- para abordar su gestión, indicando que “a ver si podemos pagar la piscina y luego hablaremos de los trabajadores”.

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Fernández Ibar durante una de sus intervenciones.

De una opinión bien distinta es Salado, que considera que sea con un modelo directo o indirecto, “vamos tarde”. Desde su óptica, en el primero de los casos habría que contemplar en los presupuestos partidas para personal -aunque insitió en la imposibilidad de nuevas contrataciones- y, en el segundo, sería necesario ir confeccionando unos pliegos para adjudicar la contrata, opción ésta que se le aparece como la más razonable a los populares.

Del mismo modo y aunque votó a favor, el PSOE no descartó la fórmula mixta de gestión, de manera similar a como se viene realizando en el pabellón polideportivo. Moreno, por su parte, se reafirmó en la gestión pública, afirmando incluso que “no dudaré en levantar la mano para levantar reparos y en desbodecer” a Gobierno central en su prohibición de realizar nuevas contrataciones.

Radio Victoria

El tercer frente, esta vez propuesto por IU por la vía urgente porque el contrato con Grupo Mundo vence en mayo, fue la radio municipal. Fernández Ibar, de nuevo, apostó por la gestión pública, encontrándose con la negativa de la oposición, con la excepción del concejal no adscrito. Mientras que uno de los argumentos esgrimidos por IU y Ahora Rincón para defender la remunicipalización de Radio Victorio fue la protección del personal que allí trabaja, actualmente en condiciones laborales precarias, Salado precisamente utilizó ese argumento para advertir que su categoría profesional en el Convenio Colectivo perjudicaría a las arcas municipales.

De nada sirvieron los argumentos de servicio público o de paliar el coste de 60.000 euros que supone actualmente con los ingresos por publicidad -que ahora obtiene íntegros Grupo Mundo-, para convecer a la oposición. Por su parte y encontra de lo expuesto por Fernández Ibar al relatar su posicionamiento cuando IU estaba en el equipo de Gobierno, la alcaldesa afirmó tajante que “jamás ha estado encima de la mesa la remunicipalización de la radio”. No obstante, también matizó que tampoco se barajó “la prórroga del contrato y, mucho menos, íntegra”, que supondría un máximo de tres años más para Grupo Mundo. La regidora desveló la posibilidad de que tomara las riendas una cooperativa o un colectivo con fines sociales; el bipartito se encuentra, precisamente, en vuelto en este estudio cuya decisión se conocerá en las próximas semanas.

Dejación económica

Superada ampliamente la barrera de la medianoche, fue imposible escuchar al ciudadano que había solicitado su participación en el Pleno a través del Escaño 22, contemplado en el Reglamento de Participación Ciudadana. Sí se abordó, en cambio y a petición del PP, la gestión económica, apoyándose en gran medida para ello en las recientes denuncias realizadas por el interventor, que advirtió de estar encontrando obstáculos a su labor asesora.

El portavoz económico del PP, Antonio Fernández, volvió a lamentar, como viene haciendo a lo largo de toda la legislatura, que el Ayuntamiento no se haya acogido ningún año al Fondo de Ordenación. En su opinión, se ha debido a una simple “dejación de funciones”, perjudicando gravemente al municipio, que pierde la oportunidad de inyectar algo de oxígeno a las arcas municipales. Tanto Moreno como Anaya indicarían que el verdadero motivo de no haber podido acogerse a esta fórmula ofrecida por el ministerio de Hacienda se debe, en realidad, a que tras las gestiones realizadas tanto por la Tesorería como por la Intervención había sido imposible llevar los créditos a prudencia financiera, esto es, que las entidades bancarias bajoe el tipo de interés del 1%, requisisito indispensable para acceder a esos Fondos.

En esta coyuntura y como ya en la mañana del miércoles había avanzado Salado, el PP acudirá a la Fiscalía “porque dañar al municipio no puede salir gratis” y por considerar que Moreno podría estar cometiendo un “presunto delito de prevaricación por omisión”.

Finalmente y ya en el turno de ruegos y preguntas, lo más relevante fueron las acusaciones por parte de la bancada popular a Moreno de haber destituido a su libre albedrío al jefe de policía accidental, que había sido directamente nombrado por el inspector jefe, José Puerta, durante su baja por lo que Moreno calificó de “supuesto accidente”. El edil de Ahora Rincón justificó su decisión por esta amparado por la ley, sugieriendo que el reglamento que rige en el Ayuntamiento este ámbito estaría equivocado. En los próximos días, Arrinconados ofrecerá puntualmente información de este asunto.