La Junta de Gobierno Local pierde por unanimidad las competencias delegadas

Tal y como se prevía tras la moción conjunta presentada por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s), la Junta de Gobierno Local perdió ayer las competencias que le fueron delegadas por el Pleno en la sesión extraordinaria del 1 de julio de 2015. Lo que no era tan previsible es que la decisión se tomara por unanimidad, con el apoyo del equipo de Gobierno (PSOE, Ahora Rincón e IU).

«Es una moción de libro, de estrategia política». Así defendía la moción un sonriente Francisco Salado (PP), que después de admitir la utilidad de la delegación de atribuciones a la Junta de Gobierno Local por una cuestión de «agilidad administrativa», matizaba que sólo «tiene sentido cuando lo decidido en esa Junta es lo mismo que lo que posteriormente se decidirá en Pleno». Sin embargo, y dada la nueva situación de minoría por parte del tripartito tras la expulsión del Partido Andalucista (PA), el líder de los populares aseguró que «eso ya no es así y lo que procede es que esos asuntos vuelvan al Pleno».

El portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, anunciaba el voto positivo a la moción por parte del equipo de Gobierno, no sin antes aclarar que «únicamente en una ocasión hemos hecho uso de esta atribución; fue el 16 de septiembre de 2015, para designar a los responsables de contratación del alumbrado público, el Rincobus y la publicidad exterior». De esta manera, el edil de IU no sólo quería llamar a la tranquilidad asegurando que la actividad municipal no se verá paralizada por esta revocación sino que, además, «no se ha producido abuso de poder porque no era eso lo que se pretendía».

PP y Ciudadanos sacaron adelante su moción de revocación de competencias a la Junta de Gobierno Local.

Gómez Muñoz: manipulación de documentos

Uno de los momentos más sonrojantes de la sesión plenaria tuvo lugar cuando el primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón), probó que el portavoz del PA, José Mª Gómez Muñoz, manipuló y filtró a los medios de comunicación documentos internos de trabajo del área de Intervención municipal. Moreno tuvo que hacerlo después de que su ex compañero de Gobierno acusara tanto a Fernández Ibar como a él mismo de verter «falsedades y mentiras», al tiempo que pedía la dimisión del concejal de Economía y Hacienda.

Gómez Muñoz, documentos en mano.

La situación se produjo en el turno de ruegos y preguntas: tras advertir veladamente a la concejala de Cultura, Alina Caravaca (IU), de una moción de censura en lo que resta de legislatura, Gómez Muñoz entregó documentación al secretario municipal que, según él, probaban que los ediles de IU y Ahora Rincón mentían sobre los motivos de su expulsión del que fuera cuatripartito.

Sin embargo, en la posterior intervención de Moreno, éste probaría cómo el ex concejal de Medio Ambiente habría manipulado uno de estos documentos, eliminando todo un párrafo. Dicho documento, además y como establecía un informe de Intervención, ni siquiera era un documento oficial, sino un simple borrador sujeto a cambios. Sabedor de estas circunstancias y tras eliminar el párrafo, Gómez Muñoz no habría dudado en difundir los documentos a los medios, que encontró altavoz en una página web local que, a pesar de haber sido advertida de la manipulación, no habrían publicado rectificación al respecto.

Así las cosas, Moreno solicitó al edil del PA expulsado del Gobierno que «dimita y salga de la escena política ya sea local, regional, nacional o europea». Por su parte, la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), dejaría caer cómo la decisión de requerir a FCC -responsable de la contratación de personal en la Empresa Mixta de Medio Ambiente (EMMSA)- que contratara vía el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) habría venido motivada el año pasado por las sospechas de contrataciones irregulares (enchufes) en la empresa bajo el paraguas de gestión de Gómez Muñoz.

Rebaja del IVA cultural

Por otro lado, además de ser aprobadas la creación de una comisión municipal para combatir el absentismo escolar y sendas mociones institucionales sobre el Día Comunidad Gitana Andaluza y el Día Internacional para la erradicación violencia sobre las mujeres, también salió adelante (con la abstención del PP), la moción pesentada por el concejal no adscrito, Antonio Pérez, para instar al Gobierno de España a reducir el IVA cultural.

En la presentación de la moción, Pérez puso de manifiesto el grave prejuicio que ha provocado la subida del IVA cultural, tanto en difusión de la misma como en generación de empleo y riqueza. Unas palabras que sería refrendadas por la concejala de Cultura, Alina Caravaca (IU), mientras que serían refutadas por Salado.

Desde el punto de vista de Salado, los efectos negativos vividos en el sector de la Cultura no son consecuencia de la subida del IVA sino de la crisis en sí, indicando que «cuando ésta afecta, afecta a todos». Asimismo y aunque hizo referencia a la posible rebaja al 10% del IVA tras el acuerdo de investidura al que llegaron PP y C’s en el Gobierno central, el popular pidió cautela «porque cuando se habla de fiscalidad hay que valorar las consecuencias en el resto de servicios públicos».

Salado aclaró que «no todo lo cultural está gravado con un 21% de IVA», precisando que teatros y museos nacionales están exentos de IVA, así como que el IVA de museos sea del 10% y de 5% para libros y revistas. Por su parte, Caravaca llamó a la reflexión ante el hecho de que «si compras una revista pornográfica pagas un IVA del 4%, mientras que si quieres ver la última película española pagas el 21%».

Desde su punto de vista, «ir al teatro o al cine ya no está al alcance de cualquiera como demuestra que de cara la próximo plan de ocio alternativo de juventud para el año que viene ya hemos recibido solicitudes pidiéndonos entradas de cine». Asimismo, la edil de IU aprovechó su intervención para pedir una rebaja al tipo mínimo de productos de primera necesidad como tampones, compresas o pañales.

Marco regulador para food trucks

Por la vía de urgencia, C’s presentó una moción para la creación de un marco regulador para food trucks, es decir, las furgonetas de comida ambulante que han comenzado a extenderse. La portavoz de la formación naranja, Elena Aguilar, fue inflexible en su planteamiento, sin admitir ninguna enmienda por parte del equipo de Gobierno y solicitando puntos como el de favorecer las licencias para este tipo de negocio.

Tanto Fernández Ibar (responsable de Comercio y Vía Pública), como la propia alcaldesa, reclamaron prudencia en esta regulación al no contar con un informe jurídico del secretario. Anaya intentó llegar a acuerdo para no aprobar una medida que «pudiera ser incluso ilegal [por la normativa reguladora de venta ambulante] o porque pudiera generar falsas expectativas».

De nada sirvió tampoco que el concejal de Comercio diera muestras del apoyo a la medida, a la espera de disponer del asesoramiento jurídico, como prueba la próxima celebración de la II Feria de la Cerveza Artesanal el próximo 17 de diciembre con participación, precisamente, de múltiples food trucks.

Sin embargo, Aguilar rehusó cualquier ofrecimiento, apoyándose en que normativas similares funcionan ya en ciudades como Sevilla. Finalmente, la moción sería votada por puntos con la abstención del tripartito en puntos como el referido a la concesión de licencias.