La nueva ordenanza del taxi, al ralentí cinco meses con el estudio de alegaciones

La aprobación inicial de la nueva ordenanza del taxi tuvo lugar el pasado mes de octubre. Cinco meses después de que venciera el plazo de presentación de reclamaciones al nuevo texto, nada se ha vuelto a saber ni de la ordenanza ni de las denuncias -y posibles sanciones- por irregularidades supuestamente cometidas por los licenciatarios del taxi. A este respecto, Alina Caravaca (IU), sustituyendo a su compañero y responsable de Movilidad, Pedro Fernádez Ibar, en el último debate político de Radio Victoria, se limitó a precisar que «se han realizado una serie de alegaciones que se estudiarán».

Desde que se aprobara inicialmente la nueva ordenanza (octubre) hubo de pasar más de un mes para que fuera publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 30 días después finalizaría el plazo de exposición pública para alegaciones y, desde entonces, nadie ha tenido noticias.

Durante el debate de Radio Victoria, Caravaca quiso poner en valor el carácter participativo de la ordenanza, «habiéndose celebrado dos asambleas y dos reuniones técnicas«. Sin embargo, este caracter colaborativo no significa que se produjera consenso total a la hora de redactar el nuevo texto, tal y como quedó reflejado en el Pleno municipal de octubre, cuando se dio oportunidad de intervenir a un grupo de taxistas descontentos con las condiciones en las que tienen que desarrollar el servicio.

Entonces, su representante expuso cómo varios conductores de taxi compaginan este trabajo con el del Rinconbús, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. En esta cuestión y ya en antena el pasado miércoles, Caravaca mantuvo la línea argumental de su compañero Fernández Ibar y del propio Secretario del Consistorio.

De esta manera, sostuvo que, dado que «cuando se originó el servicio, surgió de los taxistas del propio municipio» y que «nosotros hemos fomentado e intentado que salga para adelante con una cooperativa» no sería lógico establecer ahora una incompatibilidad, «por los menos hasta los años que termine el servicio de Rinconbus».

La última adjudicación del servicio se produjo en 2010, por un período de ejecución hasta 2025. De hecho, la licitación se hizo pública en 2009 por un importe de 529.258 euros (+IVA). Adicionalmente y según expuso el concejal de Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón), «el Ayuntamiento hace una aportación anual a Rinconbus de 150.000 euros». Este montante vendría a «compensar las pérdidas del servicio», puesto que «cuando arrancó el servicio el Ayuntamiento se comprometió a sufragar las pérdidas del mismo».  A ello se suma, además, un préstamo a la cooperativa para la adquisición de un nuevo vehículo, que no cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad.

De mantener la compatibilidad, lo que a los ojos de Caravaca «es lo correcto», el Consistorio iría en contrar una norma de rango superior, como es la establecida por la Junta de Andalucía (PSOE). En todo caso, la edil de IU concluyó que «es una cuestión que los técnicos tendrán que dirimir y serán los servicios técnicos de este Ayuntamiento los que tendrán que decir si es incompatible o no es incompatible».

La portavoz de IU en el debate obvió otra de las denuncias más polémicas esgrimidas por algunos taxistas y de la que tampoco se ha vuelto a tener noticias: el hecho de que taxistas jubilados pudieran seguir beneficiándose de su licencia -en lugar de haberla traspasado- al tiempo qe disfrutan de su pensión.