La nueva ordenanza para comercio, perdida en el limbo administrativo

Arrinconados Burocracia

El pasado 5 de marzo el Pleno municipal aprobó el proyecto de ordenanza para el ejercicio de actividades comerciales y prestación de determinados servicios en Rincón de la Victoria. Tal y como indica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), esta ordenanza debe someterse a información pública por plazo de treinta días, a partir de su publicación en el BOP. Sin embargo, ni la ordenanza completa está publicada en la web municipal ni en el BOP; de hecho, ni tan siquiera la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV) ha oído hablar de la ordenanza en cuestión.

La finalidad de esta Ordenanza es tanto impulsar y dinamizar la actividad económica como facilitar la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de servicios, aliviando buena parte de la carga administrativa. El texto tiene tal impacto en los comercios del municipio que parece lógico, no sólo que en su redacción se hubiera consultado con las asociaciones sino que, al menos, se hubieran facilitado los mecanismos para que, antes de que sea definitiva, los afectados/interesados puedan introducir sus alegaciones.

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado a Arrinconados que, hasta la fecha, no se producido ningún alegación, algo lógico considerando que la ordenanza es de difícil acceso. (Este medio la pone a su disposición en este enlace). El plazo para presentar cualquier alegación finaliza el próximo mes de agosto. Desde la ACERV, su presidente José Antonio Villodres, considera que “es grave que no tengamos información de una cosas así”, aunque lo atribuye a que “posiblemente con las elecciones de por medio, se haya producido alguna descoordinación”.

Lo cierto es que la dificultad para el ciudadano a la hora de acceder a documentos sometidos a consulta pública es la norma –lo mismo sucedió con el Reglamento de Administración Electrónica– por lo que en esta nueva etapa el Consistorio habrá de poner en marcha alguna solución a través de la renovación de la web municipal.

En todo caso, la descoordinación es evidente, porque mientras el Boletín Oficial habla de ese plazo de 30 días desde su publicación en el BOP para la entrada en vigor de la norma, la propia ordenanza reduce ese plazo a “quince días hábiles siguientes a su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de MÁLAGA y en la sede electrónica municipal”. Algo muy distinto de lo que sucede con la misma normativa de otros Ayuntamientos malagueños, como es el caso de Alozaina, por ejemplo, que publican íntegra la ordenanza.

Multas de hasta 3.000 euros

La ordenanza es de sumo interés para todo empresario que cuente con un pequeño comercio pues aborda temas como las concesiones de licencias de apertura, las inspecciones, medidas correctoras o cambios de titularidad y ceso de actividad. Entre las acciones que se aprueban para reducir la burocracia destaca el fin de la exigencia de determinado papeleo.

Ta y como indica el texto no se exigirá al interesado la aportación de ninguna documentación procedente de otra administración pública que en un momento dado se ofrezca por los servicios comunes del sector público, los proyectos estatales de sustitución de certificados en soporte papel y la Plataforma de Intermediación de Datos siendo obligación del Ayuntamiento la obtención por sus medios electrónicos de dicha información y en su caso documentación con la autorización preceptiva del interesado y con los mecanismos de control necesario para responder a futuras auditorías”.

Por otro lado, se establece la obligatoriedad de contar con una declaración responsable con incidencia medioambiental urbana en negocios de menos de 750 m2 como carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías o centros de ocio y diversión, entre otros. No es la única declaración exigida, puesto los planes generales de higiene no sólo serán obligatorios en actividades alimentarias o sanitarias (clínicas, dentista…), sino también en herboristerías, peluquerías o salones de belleza, por ejemplo.

De no cumplir con alguno de estos requisitos se consideraría una infracción grave, que puede acarrear multas de multa de 751 euros hasta 1.500 euros (las muy graves alcanzan los 3.000 euros de multa).