Levantado el bloqueo del 25% del Presupuesto autoimpuesto por cautela

El pasado 29 de junio se celebró durante más de cinco horas y más allá de la medianoche el Pleno ordinario de junio, que tuvo un marcado carácter económico, con la aprobación además del Convenio Colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento con el único apoyo del equipo de Gobierno. Mientras en los escaños se producía un enfrentamiento político entre fuerzas, entre el público y tras las Elecciones Generales del 26-J hubo guerra de colores de camisetas entre el rojo del PSOE y el azul del PP, que finalmente ganó por goleada.

Arrancó el Pleno con cuestiones exclusivamente económicas y con Ciudadanos y el concejal no adscrito, Antonio Pérez, borrados del mapa, pues toda la primera mitad de Pleno fue prácticamente un mano a mano en solitario entre el concejal de Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón) y el popular Antonio Fernández.

En el transfondo de las distintas medidas aprobadas, Fernández defendió dos posturas fundamentales: en primer lugar, «la improvisación a la hora de confeccionar los Presupuestos para 2016«, motivo por el que el pasado miércoles se hubieron de aprobar diversas modificaciones presupuestarias.

En segundo lugar y dado que en áreas como EMMSA y Bienestar Social se levantó el bloqueo del 25% del Presupuesto que el cuatripartito se había autoimpuesto como medidas de prudencia financiera, Fernández quiso ver en ello algo que ya él mismo había anticipado cuando se aprobaron los Presupuestos -desde su punto de vista, esta retención del 25% es «una medida irreal y que no sirve para nada»– y, además, apostó por el desbloqueo en el resto de las delegaciones.

Antonio Moreno (ARincón) informando de las modificaciones presupuestarias.

No opina del mismo modo Moreno, que prefiere mantener el bloqueo e ir levantándolo exclusivamente cuando sea estrictamente necesario y a medida que la situación de las arcas municipales mejore. Algo, por otro lado, que según indicó en interventor, Gaspar Bokesa, ya se estaría produciendo, indicando que «ha mejorado sustancialmente respecto a hace un año».

A pesar de ello, desde la bancada popular no se terminó de ver con buenos ojos las ampliaciones de créditos extraordinarios y de suplementos de créditos en los APAL de Deportes, Delphos o Cueva del Tesoro, así como en el propio Ayuntamiento en donde se adoptaron medidas como la creación de una caja fija especial de hasta 10.000 euros en Bienestar Social para hacer frente al pago de hipotecas o de arrendamiento en el caso de familias en exclusión.

Ayudas y paraísos fiscales

Además de las modificaciones presupuestarias referidas que, según el propio Moreno, incrementan el gasto en unos 200.000 euros, se aprobaron otras medidas, como es el reglamento de ayudas de hasta el 50% del pago del IBI o la posibilidad de fraccionar los recibos y sanciones que dependan directamente del Consistorio.

Antonio Fernández (PP) calificando de «improvisados» los Presupuestos 2016.

En este mismo plano económico, Elena Aguilar (Ciudadanos) vió cómo el equipo de Gobierno se comprometía a estudiar su moción de revisar la plusvalía en determinados casos en los que el ciudadano ha de vender su vivienda por debajo, incluso, del precio al que la adquirió o en situaciones de viudedad. A pesar del compromiso, un prudente Moreno puntualizó que habrá que estudiarlo detenidamente para valorar la pérdida de ingresos que pudiera tener para las arcas municipales.

Por otro lado, la que no prosperó del mismo modo fue la expuesta por Antonio Pérez, que propuso que ninguna empresa que opere en paraísos fiscales pueda concurrir a ninguna licitación municipal. Tanto Francisco Salado (PP) como Moreno recordaron que hoy por hoy y con la legislación vigente, operar en estos paraísos es legal siempre y cuando no se haga de un modo opaco y se tribute de acuerdo a ley.

Convenio Colectivo, sin apoyos

El Convenio Colectivo de los trabajadores municipales se llevó a Pleno para su aprobación definitiva, encontrándose con la abstención en bloque de la oposición. Aguilar (C’s), a pesar de aplaudir el nuevo texto, se abstuvo, argumentando que, al estar en la oposición, «no había tenido oportunidad de participar en la mesa de negociación, ni siquiera como oyente». Que la edil de IU, Alina Caravaca, que sí participó de esta mesa, le instara a votar afirmativamente y «a estar donde tienen que estar, que es con los trabajadores del Ayuntamiento porque si está con ellos, está con el pueblo» sirvieron para cambiar el sentido de su voto.

Por su parte, el PP también se abstuvo. Su dirigente, Salado, enumeró extensamente una lista de beneficios sociales, cuyo coste valoró en cerca de 300.000 euros al año para las arcas municipales. Este fue el motivo para indicar que «los trabajadores, que ya tienen sueldo digno, han de seguir sin esas prebendas porque perjudican al pueblo, pudiendo dedicar ese dinero a Renta Básica».

Francisco Salado (PP) realizó una lectura del Convenio Colectivo que no se ajustaba a la realidad.

Sin embargo, Caravaca acusó a la exposición de Salado de demagógica dado que, como leyó la edil de IU, existe una disposición transitoria que, precisamente, desactiva todos eses beneficios sociales hasta que las situación económica del Ayuntamiento lo permitan. Antes de ser sacado de su errónea lectura del Convenio, Salado había vertido duras acusaciones contra la concejala de Recursos Humanos, Sonia Jiménez (Ahora Rincón), a la que llegó a acusar de «incompetente y se haberse plegado a los sindicatos», razón por la cual «usted debería estar despedida automáticamente».

Polémica con Otegi

Una de las mociones que mayor tiempo consumió del Pleno y más polémica suscitó fue la presentada por PP en la que, entre otras, se instaba a declarar persona non grata al exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, al que Salado llamó en repetidas veces «terrorista» negando que «sea un hombre de paz en este mal llamado ‘proceso de paz». Únicamente IU y Ahora Rincón se opusieron a la moción. El portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, mantuvo un discurso tibio, más centrado en destacar el nulo pragmatismo de la moción que en posicionarse ideológicamente. Así se lo indicó Salado, que le acusó de «ponerse de perfil».

No hizo lo mismo Moreno, que en una extensa intervención puso en valor el papel que puede jugar Otegi en el fin definitivo de ETA desde el diálogo, considerando que la moción presentada por los populares «levanta muros en lugar de tender puentes». En esa línea, recordó y aplaudió que fuera el PP quien en 1988 arrancara las conversaciones con ETA, con personas al frente de las mismas como Javier Arenas, entre otros.

La moción finalmente saldría adelante con los votos a favor de toda la oposición, PSOE y PA, si bien fue necesario incluir un punto adicional para que el último se sumara. En concreto, el expuesto por José Mª Gómez, al que en 1997 ETA voló su coche con explosivos, que reclamó un séptimo punto en el que se exigiera al Gobierno español a reconocer inmediatamente a todas las víctimas del terrorismo pues en 2014 y bajo un Gobierno del PP, según indicó, más de un centenar de víctimas «vieron cómo se reconocían sus atentados, pero no sus derechos».

Mociones sociales

En el capítulo de mociones sociales destacan la declaración de Ciudad Solidaria con el Alzheimer y dos que, en principio no tendrían que haber levantado controversia pero sí lo hicieron -aunque ambas salieron adelante-. Por un lado, la que hacía referencia al Día Internacional por la Salud de las Mujeres (28 de mayo), que no contó con el apoyo de PP por no quedarle claro si se dejaba la puerta abierta al aborto libre o a que las mujeres pudieran decidir libremente sobre su maternidad en lugar de hacerlo según la legislación vigente, señaló Sergio Díaz Verdejo (PP).

La segunda de las medidas es la adopción de un Plan Municipal LGTBI, propuesto por la Federación Andaluza Arcoiris, que persigue reconocer los derechos y visibilizar al colectivo LGTBI de un modo transversal en todas las delegaciones del Ayuntamiento. Díaz Verdejo indicaría que su formación veía con buenos ojos la medida si bien, antes de aprobarla, apostaban por constituir una mesa de trabajo, integrada por los grupos políticos y las diversas sensibilidades que se dan cita en el colectivo LGTBI, para así consensuar esos puntos.  Tanto Yolanda Florido (PSOE) como Caravaca vieron en el gesto una excusa y un modo de dar la espalda al colectivo LGTBI, según apuntaron, motivo por el cual no se aceptó la incorporación de la alegación.

Por otro lado, al fin se cedió el uso a la Junta de Andalucía  por 30 años del edificio del consultorio de Torre de Benagalbón (durante los cinco primeros años, el Ayuntamiento asumirá los gastos de luz, agua y limpieza general) y, además, se determinó por unanimidad la revocación de la licencia de uso y obra provisional del conjunto de pistas de padel en la Urbanización Paraíso del Sol.