La negligencia municipal deja escapar miles de euros en indemnizaciones por incumplimientos del alumbrado privatizado

Tal y como avanzaba ayer Arrinconados, la corporación municipal ha aprobado hoy la subida de sueldos y pagos por asistencia a plenos y comisiones con la única oposición de Podemos y Vox. Dicha aprobación ha tenido lugar el mismo día que se ha procedido a la caducidad del expediente de incumplimientos del contrato de suministro y servicio integral de alumbrado público, privatizado a Endesa-Enel por el Partido Popular (PP) hace dos legislaturas con una duración hasta 2025. La caducidad de dicho expediente, cuyo informe del técnico municipal reflejando numerosos incumplimientos y detallando miles de euros en indemnización a pagar al Ayuntamiento, data de diciembre de 2014. Tal y como ha indicado el portavoz socialista, Antonio Sánchez, buena parte de esas indemnizaciones ya habrán prescrito.

«No ha sido un ejemplo de diligencia del Ayuntamiento». Con esas palabras se refería el alcalde Francisco Salado (PP) a la deficiente gestión municipal realizada por las diferentes corporaciones municipales que han pasado por el Consistorio desde la legislatura 2011-2015. Ninguna de ellas ha sido capaz de dar cumplimiento a los numerosos expedientes de incumplimientos abiertos contra Endesa-Enel; el caducado hoy no es más que la punta del icerberg, con el agravante de que el plazo máximo para haberle dado cumplimiento era marzo de 2015 y ha estado abierto hasta hoy -sin ningún tipo ya de efecto legal.

Rosa Ramada (Podemos) ha leído algunos de los extractos de incumplimientos que en diciembre de 2014 reflejó el técnico municipal, valorando las indemnizaciones en varios miles de euros. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento no se activaron los mecanismos necesarios para reclamar ese dinero y, en consecuencia y en palabras del portavoz socialista, que ha calificado el asunto como «un gran fracaso para este Ayuntamiento y nuestros políticos», «la empresa ha hecho con el contrato lo que ha querido». Se da la circunstancia de que Arrinconados solicitó acceso a este expediente de incumplimientos a mediados de 2017, tramitando la solicitud, incluso, por Registro municipal, habiéndose negado el acceso al mismo tanto por PP y PA en la anterior legislatura como ahora por PP, Cs y PMP.

Folleto del PA, liderado por José Mª Gómez Muñoz, exponiendo numerosos incumplimientos cuando se privatizó el servicio que hoy defiende.

El propio Sánchez ha indicando que a los escasos medios con que cuenta el Consistorio se suma «una menor voluntad política», asegurando que «vamos a seguir fracasando en el control de las empresas privadas», recordando las sombras de irregularidades en empresas como EMMSA. En este sentido, el tripartito ha aprobado su modificación presupuestaria rechazando la práctica totalidad de alegaciones, con lo que se dota a EMMSA de 334.000 euros más para trabajos extraordinarios de limpieza. A pesar de existir un informe de 25 de junio -dos días antes de presentarse en el Pleno- detallando las actuaciones a las que se destinará esa partida, la oposición no ha contado con esa información hasta que se ha vuelto a solicitar en el trascurso de la sesión de hoy. En cuanto a las fórmulas de contratación, el nuevo concejal responsable Sergio Díaz Verdejo (PP) ni siquiera ha mencionado al SAE, sino que ha explicado que «los candidatos se apuntan en una página web» y es la empresa, es decir, FCC, quien realiza el proceso de selección en función de sus criterios.

Así las cosas y con la privatización de EMMSA prevista por el tripartito para esta legislatura -ya se han encargado informes a consultoras externas-, desde las filas socialistas han compartido sus peores temores, desvelando que «nos tenemos que enterar tarde por los decretos de alcaldía, sin posibilidad de fiscalizar, de las contrataciones externas de limpieza, como la firmada recientemente» para un mes a un coste de alrededor de 16.500 euros. De este modo, el coste del servicio de limpieza excede, con mucho, lo que contempla el contrato de EMMSA, como demuestra el refuerzo de 75 personas a un coste de 380.000 euros que PP y PA aprobaron coincidiendo con las campañas electorales.

Más dejación municipal

La sesión de hoy ha revelado la dejación municipal en otras mociones, aprobadas hace más de un año y a las que todavía no se ha dado cumplimiento. La primera de ellas ha venido motivada por la moción de IU de solicitar la contrucción de un CHARE (Centro Hospitalario de Alta Resolución), así como su financiación íntegra a la Junta de Andalucía. En realidad, ya en abril de 2017 desde el área sanitaria de CCOO se aseguraba la aprobación por parte del Consejo Social de Málaga (comité de expertos) de construir un CHARE en para cubrir la zona Este, cifrando el coste del mismo en unos 30 millones de euros.

Entonces y durante el Pleno de abril de 2017, la corporación municipal aprobaba por unanimidad mostrar la predisposición a la Junta de albergar dicho CHARE, al tiempo que se estudiarían posibles ubicaciones. Un año después, ya en mayo de 2018 y sin que desde el Ayuntamiento se hubiera hecho nada por parte de ninguno de los dos Gobiernos que pasaron por alcaldía, el PP lanzaba su campaña veraniega de protesta por la precariedad sanitaria y reclamaba este CHARE.

Este año, ya con PP y Ciudadanos gobernando en la Junta de Andalucía, Salado no ha encabezado ninguna rueda de prensa reclamando más medios sanitarios, a pesar de que el servicio de Urgencias en Rincón queda desatendido cuando han de salir las ambulancias en plena temporada alta, cuando la población se incrementa exponencialmente. A este respecto, el alcalde ha justificado la situación y el cierre de camas hospitalarias (sólo en Málaga, más de 330 camas) en el hecho de que «no hay profesionales sanitarios que contratar, porque debido a la precariedad laboral del anterior Gobierno han emigrado a otras Comunidades Autónomas».

En otro orden de cosas, ni el tripartito PP-Cs-PMP ni Vox han votado a favor de declarar la emergencia climática en Rincón de la Victoria en la moción propuesta por Podemos. En palabras del portavoz del PP Borja Ortiz porque podría perjudicar al turismo y comercio del municipio. Sin embargo, el mismo Ortiz ha querido transmitir la sensibilidad del equipo de Gobierno con esta cuestión poniendo como ejemplo la Senda Azul que, paradójicamente fue propuesta por IU, Podemos y Equo como opción de votación en el proceso irregular de participación ciudadana del Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón, siendo excluida por PP y PA.

Aspecto de la playa de La Cala este verano.

Asimismo, Ortiz también ha avanzado la elaboración de un Plan Municipal contra el Cambio Climático, algo de lo que ningún miembro de la oposición tenía constancia, por lo que han solicitado que se abra al público para enriquecerlo.

La negativa a declarar la emergencia climática del tripartito choca frontalmente con lo expuesto posteriormente por el concejal de de Medio Ambiente Díaz Verdejo (PP), al destacar cómo los aportes de arena en las playas son inútiles porque los temporales, tanto de levante como de poniente, son cada vez más fuertes. Tanto es así, que hace ocho días desde alcaldía se ponía el acento en que este «retroceso en la línea de costa, que supone una disminución de la superficie de playa seca […] es una problemática de enorme relevancia». Precisamente Díaz Verdejo ha indicado que se está trabajando ahora en realizar un estudio de las dinámicas del litoral, aunque esta medida fue aprobada  hace justo un año. Asimismo, Salado ha deslizado la posibilidad de instalar duchas de pago en las playas.