La apertura de la piscina podría sufrir nuevos retrasos tras la presentación de otro recurso

El arranque de la esperada piscina municipal cubierta podría sufrir un nuevo revés. Según ha podido saber Arrinconados, la empresa inicialmente adjudicataria, BPXport Kirol Zerbituak, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía, después de que éste dictaminara su expulsión, lo que propició la posterior adjudicación a BeOne Fitness & Sport. El recurso solicita una suspensión cautelar de esta última adjudicación por lo que, de ser admitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podría retrasar la inauguración de la piscina, prevista para antes de la finalización del verano, según el alcalde, Francisco Salado (PP).

Arrinconados ha contactado con la empresa BPXport, cuyos responsables indican que «nuestro recurso se basa principalmente en las contradicciones en que ha incurrido la Plataforma de Contratación del Sector Público en dos informes diferentes, remitidos en el plazo de un año».

Según relatan fuentes de la compañía, dado que la Plataforma admitió que registró incidencias el día en que terminaba el plazo de presentación de ofertas -lo que propició que cinco empresas subieran sus ofertas fuera de tiempo-, dos de las cinco empresas afectadas fueron aceptadas, al haber conseguido enviar toda la documentación pese a los problemas.

BPXport fue una de estas empresas, habiéndose retrasado únicamente un minuto del plazo establecido, según indica la compañía. Entonces y sin que se hubiera adjudicado aún la gestión, varias empresas interpusieron recursos al TARC solicitando la expulsión del proceso de quienes habían presentado ofertas fuerza de plazo, pero todos ellos fueron rechazados.

BPXport se hizo finalmente con el concurso como la oferta mejor valorada y fue entonces cuando la actual adjuditaria, que había quedado segunda en la clasificación, presentó un nuevo recurso. Desde BPXport indican que «sorprendentemente el TARC decidió estimar ese recurso y excluir a nuestra empresa, basándose en un nuevo informe de la Plataforma de Contratación del Sector Público que decía esta vez que aquél 22 de mayo de 2018 no hubo problemas en la plataforma, desdiciéndose así de lo dicho un año atrás».

Este es el motivo por el que la empresa vasca «decidió recurrir, y solicitar medidas cautelares hasta su resolución». El motivo de solicitar la suspensión cautelar responde a que este contrato de gestión va unido a una obra en la zona exterior del centro deportivo que la empresa adjudicataria ha de realizar y, «en caso de que no se aceptaran las medidas cautelares, la actual empresa adjudicataria comenzaría a construir unas instalaciones exteriores que nada tienen que ver con las propuestas por nuestra empresa».

Así las cosas, en caso de que el TSJ admita el recurso a trámite y convenga adoptar esas medidas cautelares, el inicio de las actividades de estas instalaciones deportivas podrían demorarse aún más, superado ya el año y medio desde que terminaron las obras. No obstante, meses atrás y ante la posibilidad de que se presentara un recurso de esta naturaleza, el secretario municipal no se mostró partidario de que prosperara.