Nuevos errores en los pliegos e incidencias alrededor del concurso podrían llevar la apertura de la piscina cubierta a 2019

Rincón de la Victoria podría no ver abierta la piscina cubierta hasta el año que viene. Así se desprende de las nuevas incidencias registradas en el proceso, que podrían motivar la presentación de nuevos recursos por parte de empresas que han sido excluidas del concurso. 

El último pleno municipal, celebrado en junio pese a ser el correspondiente a mayo, reveló que los nuevos pliegos del concurso para la gestión privada de la piscina cubierta municipal presentan nuevos errores. Después de que un tribunal obligara a modificar los primeros por considerar que no eran correctos, el pleno de la semana pasada tuvo que aprobar nuevas rectificaciones a la segunda versión.

El «error que se ve a todas luces», según el secretario municipal -las mismas cifras aparecían cambiadas en distintos sitios-, provocó las críticas de la oposición (PSOE, Ahora Rincón e IU), poniendo en duda el rigor del trabajo realizado en un concurso público que ya arrastra varios meses de retraso.

La portavoz socialista, Encarnación Anaya, también criticó el hecho de que se hubieran presentado por parte de las empresas concursantes más de una veintena de solicitudes de aclaración, lo que a sus ojos evidencia la ambigüedad y mala redacción de los pliegos. 

El secretario admitiendo el «error a todas luces» en la segunda versión de los pliegos.

Ante este escenario, sumado al hecho de que hubo empresas, algunas de ellas del tamaño de CLECE, que no pudieran presentar la documentación requerida -quedándose fuera- porque la Plataforma de Contratación del Estado estuvo caída, la oposición reclamó una ampliación de, al menos, 15 días para poder presentarse al concurso.

El alcalde, Francisco Salado (PP), se negó a ello, indicando que «la empresa que ha esperado al último día no es una empresa seria». Así las cosas, el decreto de Alcaldía únicamente prosperó con el voto favorable de PP, PA, C’s y el concejal no adscrito Óscar Campos.

Añoreta Golf sin licencia de obra

Buena parte del pleno, en cuyo orden del día apenas sí hubo reflejo de actividad del equipo de Gobierno, giró alrededor del Urbanismo, competencia que lidera directamente Salado. En este sentido, las acusaciones de falta de transparencia marcaron las intervenciones de la oposición.

Así sucedió, por ejemplo, a la hora de abordar la conversión del Club Social de Añoreta Golf en apartamentos turísticos, para lo que es preciso modificar el PGOU y hacer privado el equipamiento que ahora aparece como público. El portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, fue el primero en advertir que su formación no apoyaría la medida por no haber quedado claro, ni en la comisión de urbanismo ni en el informe de los técnicos, qué parte es pública y cuál es privada.

El anterior concejal de Urbanismo, Antonio Sánchez (PSOE), se sumó a las críticas, acusando a Salado de falta de transparencia y de que, durante el pleno, ni siquiera explicó debidamente el punto al iniciar su debate. «Nos ha dado más explicaciones el propietario que usted, que ha ocultado datos», señaló Sánchez, para el que «no está claro el expediente».

Antonio Sánchez (PSOE) acusando al alcalde de haber ocultado datos en asuntos de Urbanismo.

El concejal de Ahora Rincón, Antonio Moreno, fue aún más incisivo, poniendo sobre la mesa el hecho de que el Club Social Añoreta Golf continúa con una licencia provisional, refiriéndose a éste y otros hechos como «chapuzas y cambalaches». Postura que reforzó al denunciar que dicho edificio cuentan con una planta semisótano de 471 metros cuadrados que ni siquiera cuenta con licencia de obra. A este respecto, el alcalde se negó a adoptar medidas por considerar que «los hechos ya han prescrito».

De nuevo, la modificación del PGOU tan sólo salió adelante con el voto favorable de la tríada PP-PA-C’s y Campos.

Negocios en urbanizaciones

Polémica fue también la evaluación estratégica ambiental de modificación del PGOU en virtud de la cual se podrán desarrollar actividades comerciales en locales, viviendas unifamiliares y pisos en los que ahora no es posible. Mientras el alcalde y concejal de Urbanismo, Salado, consideró la medida como un modo de ofrecer mayores garantías a negocios en activo como guarderías, ediles como Moreno vieron un modo de acomodo a intereses comerciales de empresarios.

Tanto PSOE como IU o Ahora Rincón se inclinaron por dejar la medida encima de la mesa, por considerar que afecta directamente al modelo de ciudad en cuyo debate debería participar la ciudadanía. «Entre la ciudadanía y los empresarios, usted ha apostado por los empresarios», indicó Sánchez a Salado. A pesar de la oposición, la evaluación ambiental prosperó sin apoyos de PSOE, IU, Ahora Rincón y concejal no adscrito, Antonio Pérez.

Sí hubo unanimidad, en cambio, en la moción de IU por la que se apuesta por la creación de un parque de 360 viviendas públicas en suelo de la Junta de Andalucía, en las que se combinaría tanto venta como alquiler social. En esta línea, Salado avanzó que la postura del PP en lo relativo a los apartamentos turísticos es únicamente permitirlos cuando el propietario/a lo sea de todo el bloque de pisos.