PP-PA cederán la explotación de la piscina por menos de lo que cuesta el alquiler de un bar

El bipartito PP-PA ha conseguido sacar adelante, con la única oposición de IU, Ahora Rincón y el concejal no adscrito, Antonio Pérez, los pliegos para proceder a la privatización total de la explotación de la futura piscina cubierta municipal. Según dichos pliegos, la empresa adjudicataria explotaría las instalaciones, así como la parcela anexa en la que podrá construir parking y pistas polideportivas por las que cobrará, por 1.000 euros al mes durante 25 años (con la subida del IPC interanual durante ese período).

Tanto el PP como el PA dejaron claro que, desde su punto de vista, la única manera posible de poner en marcha la piscina municipal será privatizando totalmente su gestión. Por su parte, PSOE, IU y Ahora Rincón reprocharon al equipo de Gobierno que, tras haber invertido 3,8 millones de euros (íntegramente financiados por el Ayuntamiento), se cedan las instalaciones al sector privado, precisamente, cuando comienzan a ser productivas.

El alcalde, Francisco Salado (PP), considera que el máximo beneficio neto que pueda sacar a la piscina ronda los 70.000/80.000 euros al año, una cifra con la que no está de acuerdo la oposición. Antonio Moreno (Ahora Rincón), criticó las cifras aportadas por el informe de viabilidad realizado por una empresa privada, calificándolo de «viciado». Según explicó, mientras que en el informe únicamente se cifran los ingresos procedentes de los abonos de la piscina, los pliegos del concurso dejan claro que la empresa adjudicataria podrá sacar provecho, además, de la cafetería, de la venta de material deportivo y complementos vitamínicos, fisioterapia y de la celebración de diversos eventos extraordinarios, entre otros.

Proyecto inicial de la piscina, cuya accesibilidad está puesta en duda.

A estos ingresos se suman también los de la parcela anexa a la piscina, que también se incluye en los 1.000 euros al mes de canon, y en las que la adjudicataria podrá construir las instalaciones deportivas que considere oportuno. En este sentido, el socialista Antonio Sánchez reprochó al equipo de Gobierno que no sea el Ayuntamiento quien determine qué instalaciones deportivas se construirán -en función de la necesidades del municipio-, a lo que Salado replicó que se ha procedido así primando la rentabilidad de la adjudicataria. 

Asimismo, Salado justificó el bajo canon anual de 12.000 euros para no correr el riesgo de que se quede desierto el concurso.

Fines sociales

Otra de las críticas compartida por la oposición -excepto Óscar Campos y Ciudadanos- es la ausencia de bonos especiales para personas en riesgo de exclusión, desemplead@s, fines terapéuticos, etc. A este respecto, los dos líderes de PP y PA, Salado y José Mª Gómez Muñoz, dejaron clara su visión, subrayando que «los servicios públicos hay que pagarlos».

A las críticas, iniciadas por Antonio Pérez, sobre la ausencia de bonos especiales, como sí se recogen en las ordenanzas de otras escuelas municipales, Gómez Muñoz admitió que «está claro que las empresas vienen a ganar dinero, no a hacer caridad». El andalucista, que en un tono despectivo tachó al portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar, de «héroe de lo social», se aferró al discurso de Salado, que con las 600 horas reservadas para el Ayuntamiento -y por cuyo uso el regidor aseguró que no se cobrará nada a nadie- considera que será suficiente para cubrir la demanda de los colectivos más desfavorecidos, con necesidades médicas, asociaciones y clubes deportivos.

Más precariedad

Otro de los puntos con los que Moreno expresó su desacuerdo es en la estimación de gastos del informe de viabilidad, realizado por la empresa Partenón Consultores S.L., por un importe de unos 4.500 euros. Desde su punto de vista, la plantilla estaría sobredimensionada, poniendo cómo ejemplo la estimación de cuatro personas en recepción para cubrir unas 93 horas semanales. Además, y con las cifras manejadas por Paternón, la privatización de la piscina traerá consigo más precariedad al empleo de Rincón de la Victoria, que ya sufre tasas de temporalidad superiores al 90%.

Así, los costes laborales para 25 personas, que suponen la partida que más incrementa los gastos, con la privatización se rebajan en un 56%, es decir, que la adjudicataria pagará más de medio millón de euros menos a sus trabajador@s. Fernández Ibar también afeó el bipartito PP-PA que no se haya explorado la posibilidad de haber asumido la gestión pública contratando personal a través de EMVIRIA. De este modo y dado que EMVIRIA no está sujeta al Convenio Colectivo del Ayuntamiento, podría haberse pagado un salario digno sin alcanzar los niveles, en opinión del actual concejal de Deportes, Sergio Díaz Verdejo (PP), tan elevados como hay en el Consistorio.

Salado, aferrado a la gestión privada y negando acusaciones por parte de la oposición de querer figurar en placas de inaguración y fotografías de prensa -imagen superior del PP en plena campaña electoral de mayo de 2015-, tampoco admitió la posibilidad de no ceder todo el edificio al sector privado.

Y es que, en el proyecto anterior, tal y como recordó Sánchez, los bajos de la piscina se reservaban para ubicar a la Escuela Municipal de Música. A este respecto y en el mismo día en el que se ha hecho pública la adjudicación a dedo (proceso negociado sin publicidad) a Copesol, por 188.000 euros, de la construcción de la Casa de la Juventud (rebautizado por PP como ‘Centro Cultural Juvenil’) en los sotanos del Pabellón Cubierto Rubén Ruzafa, Salado replicó «no sé qué pinta la Escuela de Música en una instalación deportiva».