PP-PA se niegan a sancionar pese a constatar el fracaso del registro de ADN canino

Arrinconados ADN

Cerca de 65.000 euros han gastado ya quienes han cumplido con la ordenanza animal de Rincón de la Victoria y han registrado el ADN de sus mascotas. Un dinero que, sin embargo, ni siquiera supone un 18% de lo que debería, pues del total de 10.565 perros censados en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) tan sólo cuentan con su ADN registrado 1.838 canes. A pesar de que la ordenanza fue aprobada en septiembre de 2016, el bipartito PP-PA se resiste a proceder con las sanciones. En lugar, el Ayuntamiento arranca una nueva campaña informativa con un coste de más de 6.500 euros.

Mientras el Ayuntamiento de Málaga ya multó en 2018 a más de medio millar de propitari@s por no inscribir el perfil genético de sus perros -con multas hasta los 500 euros-, en Rincón de la Victoria el incumplimiento no se sanciona. A pesar de haber realizado tres prórrogas en el plazo de inscripción de las mascotas y de haberse realizado ya múltiples campañas informativas, lo cierto es que alrededor del 82% de los animales continúa sin estar inscrito en el registro de ADN. Una situación que no tiene visos de mejorar dada la lenta progresión de inscripciones y la ausencia de sanciones.

Así las cosas, el malestar entre quienes sí han cumplido con la ordenanza animal es evidente, pues el agravio comparativo ha llevado a que, en algunos casos, familias con tres perros hayan tenido que gastar más de 100 euros mientras que otras personas no vean penalizada su infracción. Además y a diferencia de Málaga, en Rincón no se articuló ninguna bonificación/descuento para personas desempleadas, por ejemplo.

Los avisos de inicio de las sanciones han ido cayendo en el olvido. Tras la llegada de PP-PA al poder, en octubre de 2017 el concejal responsable Sergio Díaz Verdejo (PP) avanzó que se iniciarían los expedientes sancionadores, desciéndose un mes después. De iniciarse estos expedientes y aplicarse sanciones de 500 euros, las arcas municipales sumarían más de 4,3 millones de euros; de aplicar una multa inferior (75 euros), los ingresos ascenderían a más de 650.000 euros.