PP y PA aprueban la privatización de EMVIRIA por la vía urgente sin precisar ni cuantía ni periodo de tiempo

El equipo de Gobierno convocó para ayer tarde dos plenos extraordinarios, uno de ellos de carácter urgente, en el que la crispación fue la tónica general. En el centro de los órdenes del día, la polémica privatización de EMVIRIA, que trajo consigo la presencia de carteles entre el público asistente protestando por ello.

La privatización del servicio de parques y jardines -y con ella, a los cerca de 17 profesiones que trabajan ahora para el Ayuntamiento– salió adelante con los votos a favor de PP, PA y el concejal no adscrito Óscar Campos, después de la oposición en bloque afeara la premura en convocar estos dos plenos, pese a tener conocimiento de antemano de la ausencia de dos de los concejales: Elena Aguilar (Ciudadanos) por cuestiones personales y uno de los ediles de Ahora Rincón, aún sin sustituto tras la reciente dimisión de Ezequiel Carnero.

Durante toda la sesión plenaria, el ala progresista de la corporación reprochó al bipartito PP-PA «su déficit democrático», no sólo «aprovechado la ausencia de dos concejales para sacar adelante sus medidas», en palabras de Pedro Fernández Ibar (IU), sino también por «ni siquiera introducir las medidas de este calado al público asistente y la audiencia vía Radio Victoria y streaming».

Apoyándose en los propios informes de los técnicos, la oposición recriminó a PP-PA que la privatización de EMVIRIA traerá consigo un encarecimiento del servicio, saltando de los actuales 800.000 euros aproximadamente, a los cerca de 1,4 millones de euros que estiman los técnicos municipales. A este encarecimiento habría que añadir, en caso de también incluir el mantenimiento de algunos parques infantiles y biosaludables (como sugiere el informe técnico), cerca de 280.000 euros adicionales.

El portavoz del PSOE, Antonio Sánchez, apostó por la contratación del personal necesario para cubrir exclusivamente servicios a los que la actual plantilla no llega, como la inspección del arbolado, propuesta que en ningún caso aceptó el bipartito PP-PA, cuyos líderes Francisco Salado (PP) y José Mª Gómez Muñoz (PA) enmarcaron la justificación en una cuestión ideológica. «Es una cuestión de gestión política», afirmó Salado al paso de cualquier otra alternativa a la privatización.

A pesar de sostener que se mejorará la calidad del servicio, en el que Salado admitió que el Ayuntamiento actualmente suspende, desde el equipo de Gobierno no precisó ni el período de tiempo por el que se licitará el servicio ni su importe, teniendo claro, eso sí, que será menos de cuatro años y de 4,4 millones de euros, para así no tener que elevar a Pleno la aprobación de los pliegos técnicos.

Sánchez aseguró que el concejal de Medio Ambiente, José Mª Gómez Muñoz, «nos quiere hacer pensar que la privatización se debe a la falta de personal, pero lo cierto es que usted no ha sabido gestionar un millón de euros y ahora se lo tiene que pasar a una empresa privada«. En esta línea, endureció su discurso afirmando que «usted debería dimitir, porque era igual de malo en el cuatripartito que ahora, la diferencia es que nosotros lo echamos y ahora es el dueño del cortijo».

En esta línea y a lo largo de todo el debate, se extendieron los reproches por parte de la oposición acusando de que los verdaderos motivos para aprobar la privatización es la contratación de personal sin pasar por los correspondientes controles de la Administración que evitan la posibilidad de enchufes, a las puertas de unas elecciones municipales.

Más personal para EMMSA

El segundo punto del orden del día del primero de los plenos fue la contratación de más personal para EMMSA, si bien es cierto que ni el concejal responsable (Gómez Muñoz) ni el propio alcalde arrojaron luz sobre cuestiones muy poco claras. Así, tal y como advirtió el concejal de Ahora Rincón, Antonio Moreno, «en una parte del informe se habla de la contratación de 25 personas y en otra de 44». A este respecto, ningún miembro del equipo de Gobierno fue capaz de aclarar el asunto.

Asimismo y según explicó Sánchez, la contratación según el informe técnico estaba prevista desde el 1 de noviembre al 31 de enero de 2019. Tampoco Gómez Muñoz ni Salado explicaron si ya se han producido las contrataciones, en cuyo caso, «en lugar de hablar de aprobar un expediente de refuerzo de personal, estaríamos hablando de un expediente para legalizar las contrataciones ya hechas«, indicó Sánchez.

La opacidad en ese asunto, que volvió a salir adelante gracias al voto de PP, PA y Campos (cada vez más próximo a la órbita de Gómez Muñoz), fue en aumento, al tampoco aclarar Gómez Muñoz de dónde saldrán los más de 220.000 euros necesarios para la contratación, pues las partidas consignadas eran las que, previamente, se habían consignado para los refuerzos estivales, según Sánchez.

De nuevo, como telón de fondo de la medida adoptada, los enchufes: Fernández Ibar no dudó en acusar a Gómez Muñoz de «prometer puestos de trabajo, mercadear con las necesidades de la gente», añadiendo que «desde mi despacho de enfrente veo las colas de gente en el suyo, con el carnet en la mano, suplicándole puestos de trabajo«.

Más plan de ajuste

Por otro lado, el Pleno Extraordinario y Urgente abordó la necesidad de incorporar nuevas medidas en el vigente plan de ajuste, a solicitud del ministerio de Hacienda por los numerosos incumplimientos, como el periodo medio de pago a proveedores a 90 días en lugar de los 30 estipulados por ley. Fernández Ibar llamó la atención sobre la contradicción de algunas de las medidas propuestas por PP-PA para abaratar, como es la asunción por parte de personal municipal de servicios que actualmente están externalizados. «¿Cómo pueden proponer eso y, en el punto anterior, haber privatizado EMVIRIA?», reprochó.

En este sentido, el portavoz de IU, que lamentó la escasa información económica sobre gastos que está proporcionando el equipo de Gobierno tanto a la oposición como a los medios de comunicación, lamentó el «gasto desaforado que se está produciendo en el Ayuntamiento, sólo con la poca información de que tenemos constancia por el interventor». Además, incidió en que sólo con atajar la bolsa de fraude de 5,5 millones de euros en el pago del IBI se solventaría la situación.

Por su parte, Moreno recordó cómo en la aprobación de los actuales presupuestos municipales, Ahora Rincón «ya advirtió que el capítulo de ingresos estaba inflado». Moreno coincidió con Fernández Ibar a la hora de alertar cómo en los últimos meses el Consistorio está perdiendo liquidez de tesorería y aumentado el periodo medio de pago a proveedores, «debido a que se han aumentado los actos con la cercanía de las elecciones municipales».

El concejal de Economía, Antonio Fernández (PP), dribló las críticas recibidas por el incremento del gasto, asegurando que «lo que debatimos hoy es un tema muy técnico que nada tiene que ver con eso». En cuanto a la opacidad practicada por el biparito PP-PA con los medios de comunicación, Fernández negó tal extremo en lo que se refiere a su persona, a pesar de no atender las llamadas de este medio, haberse negado a facilitar información pública como los presupuestos municipales y rehúsar sistemáticamente a rendir explicaciones sobre cuestiones que le afectan directamente en el área de Contratación.