Recorte de derechos y libertades con el nuevo reglamento del Ayuntamiento

El nuevo reglamento orgánico del Ayuntamiento, elaborado por PP-PA con el apoyo de Ciudadanos, impone duros recortes en la libertad de expresión de la ciudadanía, así como de su participación. No sólo eso: la oposición también tendrá más complicada su labor fiscalizadora al ver limitadas sus intervenciones en las sesiones plenarias.

A pesar de que en la redacción del nuevo texto se indica que «en sus relaciones con los ciudadanos, la administración municipal actuará de acuerdo con los principios de transparencia y participación«, lo cierto es que las restricciones a la participación y la libertad de expresión son más que evidentes.

Tanto es así que este reglamento entra en conflicto con el de Participación Ciudadana, aprobado por el equipo de Gobierno anterior sin que el PP hubiera realizado una sola enmienda. Si en el de Participación se establece que la persona que acceda al Escaño 22 tiene posibilidad de derecho a réplica si así lo considera el alcalde o alcaldesa, en el nuevo texto se elimina esta posibilidad: «Estas intervenciones tendrán una duración máxima de cinco minutos y podrán ser contestadas por la Alcaldía o miembros de la Corporación que ésta designe, sin que pueda haber réplica, ni generar ningún tipo de debate».

No sólo eso, sino que el Ayuntamiento pasa a prohibir la exhibición de carteles o pancartas por parte del público asistente durante los Plenos, aunque se haga en silencio y sin pertubar el normal transcurso de la sesión.

Freno a la oposición

Tal y como han denunciado públicamente algunos partidos políticos, como Izquierda Unida (IU), la oposición también verá maniatada su labor fiscalizadora del Gobierno, dado que limita el tiempo de sus intervenciones, «en el primer turno no podrá exceder de cinco minutos, y las del segundo de tres minutos». Además, en virtud del nuevo reglamento, el alcalde tendrá la última palabra, sin que nadie puede replicarle antes de la votación.

En este mismo sentido, el reglamento también limita el número de ruegos y preguntas que, en esta última etapa, apenas sí son respondidos por el bipartito PP-PA. Así, habrá «un máximo de cinco ruegos y diez preguntas por grupo», mientras que los concejales no adscritos tan sólo podrán formular dos ruegos y cuatro preguntas.

Además, «sólo se podrán presentar mociones sobre asuntos que sean, preferentemente de competencia municipal», lo que excluiría, por ejemplo, instar a la Junta a que concluya a tiempo la construcción del cuarto instituto, pues ahí no tiene competencia el Consistorio.

Blindaje de los habilitados

Llama especialmente la atención el blindaje que el nuevo reglamento realiza de los dos habilitados nacionales, es decir, el secretario y el interventor. De esta manera, se establece que «dichos funcionarios no podrán ser interpelados por ningún corporativo/a a fin de que se pronuncien sobre cuestiones de hecho o que emitan su opinión sobre el fondo del asunto en debate». Este derecho queda reservado, exclusivamente, al alcalde «por razones de asesoramiento legal».

Incumplido antes de nacer

Por otro lado, el reglamento creado y defendido por la tríada PP-PA-C’s tiene importantes retos ante sí, pues la situación real arroja numerosos incumplimientos. Este es el caso, por ejemplo, de las respuestas a las preguntas formuladas en Pleno por la oposición, que habrán de ser respondidas en el plazo de 15 días hábiles sino se hace oralmente durante la sesión. Actualmente, sigue sin responderse a cuestiones como las cuentas de las ferias de Rincón y La Cala, acumulándose muchos meses de retraso.

En esta misma la línea, el texto destaca los principios de «transparencia, honestidad, solidaridad, igualdad, respeto de los derechos humanos y de los derechos y libertades constitucionales, desarrollo de la democracia participativa», al tiempo que se han eliminado los presupuestos participativos o ni siquiera es pública la agenda del alcalde y su equipo de Gobierno.

Además, se aboga por que los miembros de la Corporación eviten «cualquier insulto o descalificación», utilizando «un tono respetuoso y responsable en sus manifestaciones y declaraciones», algo a lo que l@s representantes polític@s no tienen acostumbrada a la ciudadanía, habiendo protagonizado ya múltiples espectáculos bochornos en sesión plenaria.

Otro de los incumplimiento es el referido a las declaraciones de bienes, que permanecen estáticas desde el inicio de legislatura a pesar de que el reglamento indica que habrán de modificarse «cuando se produzcan variaciones durante su mandato», teniendo un mes de plazo para ello. Variaciones que se han producido, por ejemplo, en el caso de José Mª Gómez Muñoz (PA), que pese a haber asegurado tras la moción de censura que no ocuparía concejalía alguna, actualmente es responsable de Medio Ambiente y Playas con dedicación exclusiva y un coste para las arcas municipales superior a los 37.500 euros.