El Ayuntamiento no dispone de estudios específicos y actualizados de cuántas viviendas irregulares hay en el municipio

El pasado 24 de septiembre la Junta de Andalucía aprobaba un Real Decreto con el que pretende resolver el problema de las viviendas irregulares, que en Andalucía afecta a 327.583 construcciones. Durante el Pleno ordinario celebrado ayer, el Partido Popular (PP) puso encima de la mesa una moción de apoyo a la nueva norma, gesto en el que Izquierda Unida (IU) detectó electoralismo a las puertas de la campaña electoral, máxime cuando como indicó el portavoz del PSOE Antonio Sánchez, «los Reales Decretos no se apoyan, se ejecutan, puesto que son de obligado cumplimiento». La mala noticia saltó cuando el equipo de Gobierno admitió que ignora cuántas viviendas se encuentran en esta situación en Rincón.

La moción, aprobada con la abstención del grueso de la oposición por considerarla innecesaria dado el obligado cumplimiento, sirvió para evidenciar la inacción por parte de los responsables municipales. A pesar de los años desde que se viene arrastrando esta problemática, que en Rincón de la Victoria se concentra en la zona de diseminados y Granadillas, el Consistorio no cuenta con ningún estudio detallado que identifique la cantidad exacta de viviendas en situación irregular.

El concejal de Urbanismo Miguel Jiménez (PP) tuvo que recurrir a las estimaciones que se realizan desde la Junta de Andalucía, que indican que en el caso de Rincón las viviendas en situación irregular se movería entre las 500 y 600. Sin embargo y ante la advertencia de Sánchez de «no lanzar a los vecinos un mensaje demasiado optimista, porque el decreto contempla más excepciones que reglas», el edil de Urbanismo precisó que la Junta estima que únicamente podrán acogerse a la regularización entre un 60 y un 70% de las viviendas. A fin de cuentas, ninguna situada en zonas de especial protección o en zonas inundables, como precisó José Luis Gómez (IU), podrán acogerse al decreto, lo que excluye automáticamente al entorno del arroyo Granadillas.

Asimismo, el portavoz socialista aclaró que a las personas beneficiadas con el decreto «no les saldrá gratis» la regularización, puesto que habrán de pagar lo que en su día abonaron los promotores de las viviendas regulares, para cubrir cuestiones como saneamiento, zonas verdes, colegios, etc. En este sentido, Jiménez avanzó que se pondrá en marcha una campaña informativa con folletos y charlas presenciales para informar de cómo adherirse al decreto, algo que no resultará sencillo por el alto volumen burocrático que requiere.