Salado opta por incumplir la Ley de Cambio Climático para no ensombrecer su campaña

A pesar de que la Ley de Cambio Climático se aprobó en 2021 y ya entonces establecía que antes de 2023 los municipios con más de 50.000 habitantes tenían que delimitar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que restringieran la circulación de los vehículos más contaminantes, el alcalde Francisco Salado (PP) ha optado por incumplirla, ahorrándose una medida que en buena parte de su electorado puede ser impopular.

Tanto Málaga como Rincón de la Victoria, ambas gobernadas por el PP, incumplen la Ley de Cambio Climático que busca la descarbonización de los centros urbanos, así como la reducción de la contaminación acústica y el impulso del transporte público. Esta ley afecta fundamentalmente a los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los de gasoil anteriores a 2006, considerados los más contaminantes.

De haber cumplido con la ley, en pleno año electoral, una parte de los conductores y conductoras habrían visto parcialmente limitadas sus posibilidades de circular por el centro urbano. Ante lo impopular de la medida en el electorado popular, en el que el negacionismo de la emergencia climática se ha plasmado, incluso, en boca del secretario general del PP, Borja Ortiz, durante la celebración de un Pleno municipal, Salado ha optado por acogerse a una moratoria hasta 2024, según ha admitido el propio edil. De este modo y en caso de ser reelegido, lo haría a principio de legislatura, teniendo margen para corregir los efectos indeseados en su granero de votos.

Sin embargo y a diferencia de Málaga, que también comenzará a cumplir con la ley el año que viene, el Ayuntamiento rinconero ni siquiera ha delimitado ni ha hecho públicas cuáles serán las ZBE. La situación contrasta con los hasta tres Planes Estratégicos de Movilidad que el gobierno de Salado ha externalizado desde 2013.

En cada legislatura, el gobierno que lidera el PP contrata a dedo una consultoría externa, siendo incluida la última en la partida de presupuestos participativos, en los que apenas votaron 500 personas, menos del 1% de la población.