Ni el secretario ni el interventor municipales se percataron de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria durante años en materia laboral y que ahora ha revelado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un demoledor informe. El papel de estas dos figuras con sueldos que superan los 143.000 euros anuales queda en entredicho, en perjuicio de los empleados públicos del Consistorio, cuyas cantidades retribuidas sin soporte legal es muy probable que tengan que ser devueltas.

A pesar de que hace más de un año que Francisco Salado (PP) y José Mª Gómez Muñoz (PMP) aseguraron estar trabajando para la privatización de EMMSA, un informe del secretario municipal revela, no sólo que el expediente de licitación no ha sido redactado, sino que ni siquiera se ha elaborado aún un informe técnico externo sobre la forma de prestación del servicio. Así las cosas, el propio habilitado nacional recomienda la continuidad del servicio con FCC, dado que la prórroga de seis meses que se suscribió cuando finalizó el contrato está a punto de finalizar sin que el tripartito PP-Cs-PMP haya logrado una alternativa viable, pese a las demandas de PSOE, IU y Podemos de municipalizar el servicio y el apoyo del interventor al actual modelo mixto.

El secretario municipal, Miguel Berbel, ha elaborado un informe jurídico, a petición de la oposición en bloque -con la excepción de Ciudadanos-, con el que despeja cualquier género de dudas acerca de si hubo o no fraccionamiento de contrato en las externalizaciones realizadas el pasado verano para labores de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros. De este modo, Berbel se cubre las espaldas pues, de haberse producido ese fraccionamiento, él tendría que asumir responsabilidades ante la Justicia.

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.

El pasado 13 de junio, el PSOE denunció cómo el andalucista José Mª Gómez Muñoz, a pesar de no tener ninguna competencia de Gobierno, «daba instrucciones directas a personal municipal, tenía libre acceso a expedientes vecinales y usaba vehículos y otros medios municipales». Tres días después, el bipartito PP-PA dio luz verde para que Gómez Muñoz, alias ‘Pepín’, pueda sortear estas denuncias, delegando en él ciertas actuaciones en las áreas por las que ha venido mostrando predilección, como EMMSA y EMVIRIA, entre otras.

Las ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por estar empadronad@ no son legales. Así de tajante fue el interventor del Ayuntamiento de Torremolinos, José Luis Fernández Casado, durante la última de las Tertulias Mínimas que habitualmente organiza Arrinconados en la librería La Mínima.