El secretario municipal, Miguel Berbel, ha elaborado un informe jurídico, a petición de la oposición en bloque -con la excepción de Ciudadanos-, con el que despeja cualquier género de dudas acerca de si hubo o no fraccionamiento de contrato en las externalizaciones realizadas el pasado verano para labores de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros. De este modo, Berbel se cubre las espaldas pues, de haberse producido ese fraccionamiento, él tendría que asumir responsabilidades ante la Justicia.

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.

El pasado 13 de junio, el PSOE denunció cómo el andalucista José Mª Gómez Muñoz, a pesar de no tener ninguna competencia de Gobierno, «daba instrucciones directas a personal municipal, tenía libre acceso a expedientes vecinales y usaba vehículos y otros medios municipales». Tres días después, el bipartito PP-PA dio luz verde para que Gómez Muñoz, alias ‘Pepín’, pueda sortear estas denuncias, delegando en él ciertas actuaciones en las áreas por las que ha venido mostrando predilección, como EMMSA y EMVIRIA, entre otras.

Las ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por estar empadronad@ no son legales. Así de tajante fue el interventor del Ayuntamiento de Torremolinos, José Luis Fernández Casado, durante la última de las Tertulias Mínimas que habitualmente organiza Arrinconados en la librería La Mínima.

El equipo de Gobierno, liderado por la concejalía de Urbanismo con Antonio Sánchez (PSOE) a la cabeza, lleva tiempo trabajando en el que será el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rincón de la Victoria. Marzo es el plazo que maneja el concejal socialista para «madurar el documento, que posteriormente remitirá a los partidos de la oposición para que realicen sus aportaciones y, finalmente, al resto de la ciudadanía».

Arrancaba ayer el primer Pleno municipal del año con una novedad -la grabación en vídeo de la sesión– y terminaba con otra: ruegos y preguntas por parte del cuatripartito a la oposición. En respuesta al reproche de Antonio M. Rando (PP) reclamando a la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), «que ponga a trabajar a sus concejales para que respondan todos los escritos pendientes que hemos registrado solicitando información» -Anaya dijo que únicamenta hay dos pendientes-, el concejal de Medio Ambiente, José Mª Gómez ‘Pepín’ (PA), cuestionó dos actuaciones del PP en la pasada legislatura.