A punto de arrancar la temporada alta en Rincón de la Victoria, la situación que viven algun@s hosteler@s a pie de paseo marítimo comienza a ser insostenible. Según denuncian, el acoso policial se ha intensificado durante las últimas semanas, tal y como demuestran las numerosas denuncias interpuestas.

Un mes después de ser preguntado, el bipartito PP-PA continúa sin querer arrojar luz sobre el destino de los sobrecostes del 40% en el ya de por sí incrementado (en un 50%) presupuesto para la Campaña del Cliente Oro, en colaboración con la ACERV. Quien sí ha aclarado al fin el asunto, es el presidente de esta asociación de comerciantes, José Antonio Villodres: los cerca de 2.400 euros extra fueron a parar a una empresa de comunicación cuyo gerente es miembro destacado de ACERV desempeñando labores de gerencia. Esta empresa, en cambio, desmiente al propio Villodres: lo facturado por estos trabajos no llegó a 1.000 euros.

El prostíbulo situado en pleno Cotomar (Rincón de la Victoria), continúa en funcionamiento después de que hace más de un año Arrinconados destapara que operaba con licencia de oficina. Pese a que el cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón, IU y PA) optó por retirarle dicha licencia, el lupanar continúa ofertando sus servicios indicando que “te esperamos en el Rincón de la Victoria para que puedas disfrutar de nuestras putas en Málaga”. Preguntado el actual equipo de Gobierno, algunos de cuyos miembros sonreían hace unas semanas en un encuentro solidario contra la trata de personas, guarda silencio al respecto.

Ni Ayuntamiento ni ACERV han estado en disposición de aclarar cuál ha sido el destino de los cerca de 2.400 euros con que se excedió el premio del Cliente Oro, después de que el bipartito PP-PA ya lo hubiera incrementado un 100% sobre lo que él mismo había presupuestado dos meses antes.

Tal y como avanzaba este medio días antes del arranque de la Feria de la Tapa de 2017, el coste para las arcas de este evento cada vez más cuestionado superó con creces lo presupuestado. La ‘tradición presupuestaria’ marcaba que el coste estimado había de ser 20.000 euros, a pesar de que en 2015 superó los 32.500 euros y en 2016 los 40.700 euros. Así las cosas, el equipo de Gobierno incrementó en 10.000 euros sus previsiones: erraron, costó más del doble.