El viernes pasado tuvo lugar el debate sobre el estado del municipio, después de que Izquierda Unida (IU) forzara, respaldado por PSOE y Ahora Rincón, su celebración. A pesar de que el Partido Popular (PP) reconvirtió el pleno extraordinario económico que tenía previsto para mediados de este mes de manera que tuviera encaje en este debate, lo cierto es que los populares destinaron más tiempo a analizar el estado el municipio hace un año, que al existente como resultado de su gestión en alianza con el Partido Andalucista (PA) y  Ciudadanos (C’s).

EMMSA y la falta de transparencia en su gestión vuelven a salpicar al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El bipartito PP-PA guarda el más absoluto de los silencios ante las denuncias realizadas desde la plantilla de la empresa mixta de limpieza, que advierte que la lista de 50 nombres para nuevas contrataciones, que sirvió para tumbar al anterior Gobierno, estaría otra vez encima de la mesa.

Los informes realizados por la aplicación informática municipal por medio de la cual la ciudadanía puede informar al Ayuntamiento de las incidencias en el espacio público revelan que desde el Consistorio no se ha atendido ninguno de los avisos recibidos en relación a la limpieza de las playas. En el capítulo de limpieza general, la estadística mejora levemente, dejando el 92% de los avisos ciudadanos sin revisar.

El concejal del PA, José Mª Gómez Muñoz, gana competencias en el equipo de Gobierno a medida que avanzan los meses desde que la moción de censura prosperara con el apoyo indispensable de su partido. El último movimiento ha sido la creación de la Delegación Especial de “Medio Ambiente y Playas”, dentro de la Delegación del Área de Medio Ambiente, Playas y Servicios Operativos. Cambia también su régimen, pasando a Dedicación Exclusiva, por lo que el coste que le supondrá a las arcas municipales superará ampliamente los 37.500 euros al año.

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.

El Ayuntamiento ha gastado más de 90.500 euros en la contratación de parte del servicio de limpieza  y jardinería este verano. La medida, presentada como medida de refuerzo por la temporada estival, fue hecha pública por la oposición y ha sido precisamente gracias al PSOE a requerimiento de este medio como se han conocido las resoluciones de expedientes, dado que desde hace más de un mes el bipartito PP-PA priva de dicha información tanto a Arrinconados como al periódico local ASÍ ES.