Vecinas y vecinos de La Cala del Moral denuncian la impunidad del interventor municipal en la vía pública, aparcando en plena Avenida de Málaga, obstaculizando el sentido de la circulación hacia la capital. Según describen l@s vecin@s, el habilitado nacional habría dejado el vehículo estacionado al borde del paso de peatones para acudir a un centro de estética próximo donde se habría hecho la manicura.

NOTA ACLARATORIA: El centro de estética /peluquería en modo alguno tiene que ver con los hechos sobre los que una parte de la ciudadanía muestra su indignación. La queja pública se refiere única y exclusivamente al interventor municipal.

Según informa el ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria lleva más de un año de retraso en la presentación de la cuenta general del ejercicio 2016, concretamente, 377 días de retraso. Así lo exponen los documentos del ministerio a los que ha tenido acceso Arrinconados, cuya última actualización data del 11 de abril de 2018.

Los nuevos presupuestos municipales que, tal y como avanzaba ayer este medio, no podrán ser aprobados definitivamente hasta entrado 2018, preveén un incremento tanto del gasto como de los ingresos de más de 2,6 millones de euros. De este modo, mientras los gastos se cifrarán en 41,8 millones de euros, los ingresos se situarán en 44,3 millones de euros.

Tanto oír hablar que el interventor, Gaspar Bokesa, era segundo de promoción y… resultó que era el 27.

Hace más de un año, Arrinconados reveló que todo el parque móvil municipal repostaba en la estación de servicio de Tamoil, propiedad de la familia Cano, sin que nunca se haya llevado a cabo ningún procedimiento de contratación de este servicio. En septiembre de 2016, desde el área de Contratación se aseguró a este medio que el Consistorio trabajaba en adoptar medidas para resolver esta situación irregular. Desde entonces, Arrinconados no ha tenido constancia de que se haya producido ninguna novedad al respecto. Preguntada de nuevo el área de Contratación, dependiente ahora del concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), guarda silencio.

Con motivo de la aprobación de la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras del ámbito afectado por el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre desde el arroyo Granadillas hasta el arroyo Santillán durante el pleno ordinario de ayer, se dieron a conocer un cúmulo de imprecisiones en informes técnicos municipales que, lejos de  arrojar luz sobre este tramo de más de tres kilómetros y medio, lo sume en más oscuridad.