Los nuevos presupuestos municipales que, tal y como avanzaba ayer este medio, no podrán ser aprobados definitivamente hasta entrado 2018, preveén un incremento tanto del gasto como de los ingresos de más de 2,6 millones de euros. De este modo, mientras los gastos se cifrarán en 41,8 millones de euros, los ingresos se situarán en 44,3 millones de euros.

Tanto oír hablar que el interventor, Gaspar Bokesa, era segundo de promoción y… resultó que era el 27.

Hace más de un año, Arrinconados reveló que todo el parque móvil municipal repostaba en la estación de servicio de Tamoil, propiedad de la familia Cano, sin que nunca se haya llevado a cabo ningún procedimiento de contratación de este servicio. En septiembre de 2016, desde el área de Contratación se aseguró a este medio que el Consistorio trabajaba en adoptar medidas para resolver esta situación irregular. Desde entonces, Arrinconados no ha tenido constancia de que se haya producido ninguna novedad al respecto. Preguntada de nuevo el área de Contratación, dependiente ahora del concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), guarda silencio.

Con motivo de la aprobación de la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras del ámbito afectado por el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre desde el arroyo Granadillas hasta el arroyo Santillán durante el pleno ordinario de ayer, se dieron a conocer un cúmulo de imprecisiones en informes técnicos municipales que, lejos de  arrojar luz sobre este tramo de más de tres kilómetros y medio, lo sume en más oscuridad.

(Flash informativo) Según ha podido saber Arrinconados, la práctica totalidad de las alegaciones presentadas a los Presupuestos Municipales 2017, confeccionados por la tríada compuesta por PP-PA-C’s, han sido rechazadas. La materialización de este rechazo y, por tanto, la aprobación definitiva del nuevo general municipal se producirá previsiblemente en el próximo Pleno Ordinario del 27 de septiembre.

En el caso de las alegaciones registradas por la Plataforma Pro Presupuestos Participativos, solicitando las partidas íntegras comprometidas por el Ayuntamiento para la ejecución de los proyectos propuestos y votados por la ciudadanía, el informe del interventor municipal es claro al indicar que «corresponde a decisiones y apreciaciones de tipo político, por lo que no es competencia de este Órgano Interventor resolver».

De esta manera, el informe del habilitado nacional pone de manifiesto que el rechazo a la realización de unos Presupuestos Participativos no responde a razones económicas, sino estrictamente políticas. Así las cosas, el bipartito PP-PA tendrá que justificar el rechazo de manera motivada ante la ciudadanía que verá cómo proyectos como un Plan Estratégico de Turismo para la temporada invernal o la primera fase de la construcción de un auditorio al aire libre en la zona de Huerta Julián se quedan en la cuneta, a pesar de contar con el beneplácito de las urnas.

A partir de hoy, tras haber sido solicitado por la oposición en bloque con la excepción de Ciudadanos (C’s), el secretario municipal, Miguel Berbel, habrá de realizar un informe de legalidad para determinar si en la externalización este verano de determinados servicios de limpieza y jardinería por más de 90.500 euros hubo fraccionamiento ilegal de contrato y, por ende, un supuesto delito de prevaricación. La cuestión pone a Berbel en un brete: si realiza un informe negativo y posteriormente se demuestra que sí se produjo fraccionamiento ilegal, tanto él como incluso el interventor, Gaspar Bokesa, podrían verse acusados al no haber advertido o efectuado el reparo de legalidad correspondiente.