El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ha dado un buen tirón de orejas al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, reprobando implícitamente su opacidad. Tras la denuncia presentada el pasado mes de abril por el editor de Arrinconados contra el Consistorio por incumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el organismo ha dado la razón al denunciante.

Sin fechas ni plazos marcados, el Ayuntamiento ha anunciado esta mañana que Rincón de la Victoria contará con un segundo centro de salud, en el que según ha afirmado el alcalde, Francisco Salado (PP), habrá servicio de radiología y diversas especialidades médicas. La noticia llega tras conocerse que el municipio perdió esta legislatura la opción de albergar el CHARE (Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades) de Málaga Este, al que se había postulado en 2017, aprobándose por unanimidad una moción de Izquierda Unida (IU).

Con una incidencia acumulada de 775 contagios por cada 100.000 habitantes y camino del cierre de toda actividad no esencial (cuando se alcancen 1.000 casos), el tripartito PP-Cs-PMP anunciaba ayer que solicitará a la Junta de Andalucía la realización de un cribado masivo para tratar de detectar los casos asintomáticos y frenar la ola de contagios. Dos semanas atrás, cuando ni siquiera el municipio estaba confinado perimetralmente, el PSOE propuso esta medida en la Comisión Técnica Reactiva Rincón. No se hizo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia nombra al axárquico Francisco Salado (PP) nuevo Consejero de Medio Ambiente tras la reunión extraordinaria de esta mañana en San Telmo. Acaba el año y se renuevan equipos; Juan Manuel Moreno decide comenzar el año con una crisis de gobierno en la que incorpora la cartera de Medio Ambiente, “año nuevo gobierno nuevo”, apuntan fuentes de la Junta de Andalucía.

Como viene sucediendo en los últimos años, la Junta de Andalucía hace dejación de funciones y abandona el mantenimiento y limpieza de los cauces de los arroyos del municipio, que es una labor que le compete al Gobierno autónomico. Así las cosas y ante el riesgo de crecidas, el Consistorio ha de encargarse de esta tarea, precisamente, en un momento en el que las endeudadas arcas municipales precisan de todos sus recursos para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19. Consultado desde hace días el Consistorio por el coste y empresas que participan en estos trabajos, Arrinconados ha obtenido el silencio por respuesta.

El tripartito PP-Cs-PMP se ha visto frenado en su intento de autobombo a costa del Plan AIRE de la Junta de Andalucía cuando la oposición ha revelado que esta iniciativa, presentada como una medida extraordinaria para paliar los efectos del COVID-19, traerá a Rincón 600.000 euros menos de lo que aportaron los planes de empleo autonómicos en 2018, lo que se traduce en la contratación de cerca de 70 personas menos.

Minutos después de que el concejal de Hacienda, Antonio Fernández (PP), admitiera que la gestión económica del tripartito durante el año pasado hubiera desembocado en el incumplimiento de la Regla del Gasto y del remante de tesorería, se producía este debate. Estos incumplimientos de normas que buscan garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y que Fernández ha atribuido al gasto acometido por ser año electoral y al cambio de criterio con el nuevo interventor, han obligado al Consistorio a tener que aprobar un Plan Económico Financiero 2020-2021.

Con este panorama, el concejal de Transparencia Borja Ortiz (PP) se ha venido a felicitar por los algo menos de 700.000 euros y la contratación de 78 personas que traerá el Plan AIRE al municipio. No ha tardado en responder la bancada progresista, afeándole al edil popular que «este plan aporte menor cantidad y menor calidad», según ha afirmado el socialista Javier Jerez.

Si en 2018 lo planes de empleo que la Junta venía desarrollando desde 2014 estuvieron dotados en toda Andalucía con 278 millones de euros, el plan AIRE lo está con 165 millones. Según ha subrayado Rocío Calderón (IU), «ni siquiera son planes extraordinarios, como nos han vendido, puesto que ya estaban contemplados en el presupuesto para este año», antes de la llegada de la pandemia. En ese sentido, Calderón ha criticado que no se hubiera procedido a la contratación en el mismo momento en que se terminó el Estado de Alarma.

Por otro lado, Jerez ha incidido en el hecho de que este plan favorezca la temporalidad, con contratos únicamente de seis meses -ya no es posible contratar por 12 meses-, y que excluya a las titulaciones superiores, ofertando únicamente puestos de baja cualificación.

Ante la lluvia de reproches, Ortiz ha terminado girando su discurso hacia la política nacional, calificando en reiteradas ocasiones de «terroristas» a los representantes de la segunda fuerza política en Euskadi (EH-Bildu), mientras que Francisco Salado (PP) ha eludido referirse al plan AIRE, limitándose a lanzar elogios a los planes de empleo promovidos por la Diputación Provincial de Málaga, de la que él es presidente.