A pocos meses de que se cumpla el año de la piscina cubierta terminada y, sin embargo, cerrada a cal y canto para l@s rinconer@s, PP y PA ocultan los costes de mantenimiento que ha tenido que asumir el Ayuntamiento por la falta de previsión a la hora de convocar el concurso público para su gestión.

Rincón de la Victoria podría no ver abierta la piscina cubierta hasta el año que viene. Así se desprende de las nuevas incidencias registradas en el proceso, que podrían motivar la presentación de nuevos recursos por parte de empresas que han sido excluidas del concurso. 

Ayer se aprobaron definitivamente los presupuestos municipales para 2018, aunque sólo con el apoyo del equipo de Gobierno, la única representante de Ciudadanos que queda en la corporación, Elena Aguilar, y su excompañero, Óscar Campos. El desarrollo del pleno extraordinario no aportó nada nuevo respecto a la sesión de aprobación inicial: PP-PA, que enarbolaron la bandera de su modelo de participación, no aceptaron ni una sola de las enmiendas propuestas tanto por la oposición como los diferentes colectivos y asociaciones del municipio, mientras PSOE, Ahora Rincón, IU y el concejal no adscrito, Antonio Pérez, defendieron sus propuestas para evitar lo que consideran unas cuentas antosociales ancladas en un modelo representativo y no participativo.

El bipartito PP-PA ha conseguido sacar adelante, con la única oposición de IU, Ahora Rincón y el concejal no adscrito, Antonio Pérez, los pliegos para proceder a la privatización total de la explotación de la futura piscina cubierta municipal. Según dichos pliegos, la empresa adjudicataria explotaría las instalaciones, así como la parcela anexa en la que podrá construir parking y pistas polideportivas por las que cobrará, por 1.000 euros al mes durante 25 años (con la subida del IPC interanual durante ese período).

Todas las miradas se dirigían hoy al ya concejal adscrito tras su salida de Ciudadanos, Óscar Campos, pues de ello dependía la aprobación inicial o no de los presupuestos municipales para 2018. Finalmente y gracias a su voto, las cuentas elaboradas por la tríada PP-PA-C’s han sido aprobadas por la mínima, en medio de una guerra de cifras entre el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP), y la oposición en bloque.

Con motivo de la aprobación de la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras del ámbito afectado por el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre desde el arroyo Granadillas hasta el arroyo Santillán durante el pleno ordinario de ayer, se dieron a conocer un cúmulo de imprecisiones en informes técnicos municipales que, lejos de  arrojar luz sobre este tramo de más de tres kilómetros y medio, lo sume en más oscuridad.