Faltan dos semanas para que finalice la fase de análisis por parte de los técnicos municipales de las propuestas de las vecinas y vecinos del pueblo y la nueva edición de presupuestos participativos ya ha quedado enturbiada, recordando el proceso dirigido de 2019. El incumplimiento del compromiso de la concejala de Transparencia y Participación, Josefa Carnero (PP), de hacer públicas todas las propuestas ciudadanas antes del cribado municipal vuelven a generar malestar, despertando las sospechas de un nuevo pucherazo.

El pasado 10 de agosto, la concejalía de Bienestar Social abría el plazo de inscripción para una nueva edición del curso gratuito de boxeo y autodefensa para mujeres. Dichas inscripciones se gestionaban por correo electrónico a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), que en su respuesta olvidó incluir las direcciones de las solicitantes con copia oculta, de manera que todas ellas eran visibles. Estos hechos, que no son las primera vez que ocurren en el Consistorio rinconero, han propiciado la presentación de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al considerar que se han infringido la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de más de 3.200 euros durante el último Pleno extraordinario motivó que toda la oposición cuestionara la transparencia por parte del tripartito PP-Cs-PMP a la hora de adjudicar contratos menores. Dichos contratos, que cubrían el riego de determinadas zonas verdes del municipio, habrían ido a parar a la empresa Barbol S.L., cuyo administrador único es el hermano del secretario de Francisco Salado (PP) en Diputación.

La llegada mañana de la Vuelta Ciclista a España colapsará literalmente el municipio, con cortes de tráfico en la principal arteria y la prohibición desde hoy de estacionar en ella y en calles colindantes. Lejos de entender el malestar generado por ello en buena parte de la población y de comerciantes, el Ayuntamiento continúa su campaña de autobombo inventando unos ingresos directos para el municipio de más medio millón de euros.

Nunca es buena señal tener que gritar para reivindicarse persona humilde y  honrada, especialmente cuando tu interlocutor no eleva la voz. Es el caso de la concejala de Bienestar Social, Elena Aguilar (Cs), cuyos gritos en el Salón de Plenos comienzan a ser una tónica habitual en las escasas ocasiones en que interviene.

La última, durante la celebración del último Pleno ordinario en el que, abocada a la intervención tras la denuncia por parte de Izquierda Unida (IU) por el reparto irregular de tiques de feria para familias vulnerables, mostró su perfil más soberbio. (Foto superior: Elena Aguilar y Clara Perles el pasado mes de febrero. – Cs)

Casi 20 días después de que estallara el escándalo de los tiques de feria, la concejala de Bienestar Social, Elena Aguilar (Cs), dará al fin alguna explicación de por qué, según denunció Izquierda Unida (IU) y confirmaron posteriormente familias afectadas, entregó tiques destinados a familias vulnerables en su despacho sin registro y sin que ni siquiera el área de Bienestar Social tuviera conocimiento de ello.

Las explicaciones tendrán lugar en el Pleno ordinario de mañana. A pesar de que existe un decreto que corrige el orden del día original e incluye la comparecencia de Aguilar, el tripartito PP-Cs-PMP ha omitido ésta en sus comunicaciones públicas. Esta circunstancia ha propiciado el desconocimiento por parte de las familias afectadas que no han podido solicitar el Escaño 22 para aportar su versión de sus hechos.