Los vecinos de Parque Victoria están desesperados. Entienden la problemática legal que impide al Ayuntamiento rinconero prestar los servicios municipales básicos más allá de la recogida de basura, pero su comprensión nada puede hacer contra las «ratas como mis gatos de grandes» que describe María, una de las residentes en esta urbanización situada al norte de la autovía. La situación es tan crítica, que algunos vecinos recurrieron a los Presupuestos Participativos para solicitar una partida con la que poder llevar «medidas de urgencia por una cuestión de sanidad pública».

Durante el Pleno celebrado ayer, corto con apenas media docena de puntos, el Ayuntamiento declaró ilegítima la deuda contraída por los rinconeros para contribuir al rescate de la banca, cuya cantidad asciende a 54 millones de euros. La moción, propuesta por el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón), contó con el apoyo unánime de todo el equipo de Gobierno -incluido el PSOE, que pidió derogar el artículo 135 modificado a iniciativa del entonces presidente José Luis Rodíguez Zapatero- y el concejal no adscrito, Antonio Pérez, y la oposición frontal del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).

El martes día 7 de junio de 2016 la Concejalía pertinente convocó una Jornada de Urbanismo sobre Formación Ciudadana en Clasificación del Suelo que culminaba en una mesa redonda sobre el modelo de ciudad.

La ponencia inicial sobre suelo no urbanizable introdujo el sorprendente concepto de que hay que distinguir entre el suelo de alto valor ecológico (recogido en la Red Natura) y el suelo no urbanizable común, que no se pone en carga porque debe ser suelo de reserva, y para el que el ponente proponía una ocupación intermedia de calidad para quienes pudiesen pagar más.

Claro que también proponía otras posibles vías para quienes tienen viviendas ‘no reguladas’, que el Ayuntamiento podría regularizar definiéndolas de interés público -naturalmente, pagando la compensación- aunque no todo el coste tendría que recaer sobre los vecinos implicados, puesto que la Administración no ha arbitrado medios para evitar construcciones fuera de ordenación. En esa línea, su exposición incluía varios ejemplos de actuaciones fuera de ordenación que la Junta ha aprobado como “de interés público”.

Ante algo más de una decena de ciudadanos -descontados los participantes en el evento- la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), inaguraba las primeras jornadas de Urbanismo convocadas por el municipio asegurando que «nos interesa que la ciudadanía esté informada, porque así somos más libres».

La convocatoria del evento un martes en horario laboral ha provocado que en el punto más concurrido del acto el público no llegara a la veintena, compuesto fundamentalmente por jubilados de Granadillas que han trasladado su malestar e intranquilidad por el modo en que hasta la fecha se ha gestionado todo lo relativo a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El concejal de Urbanismo, Antonio Sánchez (PSOE), que en febrero avanzó que para marzo el documento se compartiría con la oposición para que ésta realizara sus aportaciones, ha asegurado hoy que «no tenemos nada concreto», al tiempo que ha vuelto a afirmar que «queremos elaborar un PGOU con vosotros [por los ciudadanos] y para vosotros».