Trato de favor para la educación privada

El Ayuntamiento vuelve a la carga con su intención de destinar suelo público a un centro de educación privada. Después de que en su primer intento en 2019, precipitado y absolutamente opaco, la convocatoria quedara desierta por considerar que la única oferta presentada no se ajustaba a lo acordado, el tripartito PP-Cs-PMP vuelve a licitar el proyecto, regalando a la empresa adjudicataria todos los estudios necesarios para la subsanación de las deficiencias del terreno.

Corría el año 2019, gobernaban mano a mano Francisco Salado (PP) y José Mª Gómez Muñoz (PA, ahora PMP) cuando llevaron a un Pleno por la vía de urgencia y sin aportar a la oposición la debida documentación en tiempo y forma la calificación de suelo público para poder levantar un colegio de educación privada. Entonces y aunque únicamente contaban con un acuerdo de investidura para que hubiera prosperado la moción de censura previa, Ciudadanos y el ex edil de la formación naranja, Óscar Campos, dieron su bendición a la calificación pese a que, oficialmente al menos, no disponían de la información sobre lo que realmente estaban votando.

Los terrenos, con una superfie de algo más de 12.300 metros cuadrados, se ubican en la conocida como Finca Garcés. Tal y como reconoce el mismo Ayuntamiento, dicha parcela ha sido puesta a disposición de la Consejería de Educación en diversas ocasiones para la construcción de un centro público, pero siempre ha sido rechazada debido a su orografía.

No sorprende, la verdad, puesto que ni siquiera el Ayuntamiento ha recepcionado los terrenos dado que como sus propios informes técnicos detallan, «las obras de urbanización del Sector UR.R-6 ‘Finca Garcés’, fueron ejecutadas de manera incompleta y defectuosa».

Así son nuestros gestores, que se jactan de ceder un suelo público a la Junta de Andalucía para nuestros escolares que ni siquiera el Ayuntamiento es capaz de recepcionar por las deficiencias que presenta. Absolutamente esperpéntico.

A pesar de ello, en 2019 licitó estos terrenos no recepcionados para construir un centro educativo privado. Todo alrededor de aquel concurso apestaba: desde la opacidad, a las prisas -ni siquiera se llevó a la Comisión de Urbanismo-… al hecho de que únicamente se presentara una oferta, la de la cooperativa Educare Málaga, nacida a la sombra del Centro Internacional María Montessori (CIMM). Finalmente, aquel concurso quedaría desierto.

Ahora, el Ayuntamiento vuelve a la carga, licitando el proyecto en 1,7 millones de euros, ofreciendo los terrenos para su explotación durante 25 años por un canon mínimo de cerca de 77.500 euros al año a partir del tercer año.

¿Qué ha sucedido entre el concurso desierto de 2019 y esta nueva licitación? Pues que el Consistorio se ha gastado más de 135.500 euros (adjudicado a CEMOSA) en realizar todos los estudios, así como la recopilación de información, inspección, investigación y realización de trabajos de campo, laboratorio y gabinete necesarios para la redacción del proyecto de subsanación de las deficiencias del terreno del que se beneficiará la empresa adjudicataria.

Es inevitable que surjan preguntas como ¿por qué se ofertan terrenos defectuosos a la Educación Pública y la privada, en cambio, es convidada a mesa puesta, con todos los estudios técnicos ya realizados? ¿Se presentará de nuevo una única oferta y, como entonces, a minutos del cierre del plazo? El modo de proceder de PP-Cs-PMP está muy lejos de lo que se concibe como buenas prácticas y genera demasiadas dudas sobre su honorabilidad.

Arrancamos mal el 2021.