Vox descubre sus cartas en sesión plenaria y carga contra la Ley de Violencia de Género

Arrinconados Pleno

A pesar del perfil moderado que trató de mantener Vox durante la campaña electoral, con su número uno asegurando que «no somos el partido que retratan los medios de comunicación», el partido de extremaderecha reveló abiertamente su postulado durante el Pleno Ordinario de ayer, acusando de «anticonstitucional» a la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Con motivo de una moción propuesta por el PSOE en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el único concejal de Vox, José Antonio Rodríguez, no dudó en recurrir a la mentira para calificar de «anticonstitucional», tanto a la Ley Integral contra la Violencia de Género como a la propia legislación andaluza, ignorando un fallo del Tribunal Constitucional de 2008, que la concejala socialista Yolanda Florido le recordó.

Rodríguez evitó en todo momento hablar de «violencia de género» y, en su lugar, apostó por reducir los asesinatos de mujeres motivados únicamente por su condición de mujer a «violencia intrafamiliar», pese a los intentos de razonar por parte de Florido. En este mismo sentido, el edil del partido de extremaderecha no dudó volver a faltar a la verdad y tachar de «excluyente» a la ley de violencia de género, como si quienes agreden o asesinan a hombres no estuvieran penados, incluidos en los delitos de violencia intrafamiliar. Finalmente, Vox fue el único partido que no mostró su apoyo al Instituto Andaluz de la Mujer.

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Rifirrafe entre la socialista Florido (a la izq.) y el edil del partido de extremaderecha (al fondo a la dcha.).

La misma reacción tuvo lugar en la siguiente moción, también a cargo del PSOE, en contra de la última campaña por parte de la Junta de Andalucía contra la violencia de género, que elude referirse abiertamente a la «violencia de género»habla de «malos tratos»– y hace pasar por víctimas a mujeres sonrientes de un banco de imágenes que también han protagonizado anuncios de clínicas dentales.

En esta ocasión, mientras el edil de Vox dudó de la eficacia de la ley «porque las víctimas no disminuyen» y aseguró que «deja excluida a una parte de la sociedad», la concejala de Ciudadanos Elena Aguilar llegó a sugerir que el incremento de las llamadas al teléfono de denuncia no se debe tanto al aumento de casos como a la efectividad de la campaña.

Florido, apoyada por las ediles de IU Rocío Calderón y de Podemos Rosa Ramada, criticó duramente que la campaña rehúya de poner el énfasis en la responsabilidad del agresor, algo en contra de lo que mayoritariamente votaron PP, Cs, PMP y Vox.

Muro a la transparencia

Por otro lado, Vox se sumó a la negativa de PP y PMP para arrojar luz sobre el escándalo de los procesos de selección de la Policía Local, cuyo patrón se ha celebrado hoy mismo. A pesar de las denuncias de opositores, sindicatos y oposición dudando de la imparcialidad de los procesos selectivos y de las declaraciones del actual jefe de Policía poniendo en cuestión las aptitudes de algunos de sus agentes (audio inferior), los partidos liderados por Francisco Salado (PP), José Mª Gómez Muñoz (PMP) y José Antonio Rodríguez (Vox) cerraron el paso a lo aprobado por unanimidad en diciembre de 2018.

De este modo y a pesar de que su socio de Gobierno, Ciudadanos, se enfrentó a él, Salado vio refrendado su acto de desobediencia a la soberanía popular desde hace nueve meses, fecha desde la que tendría que haber convocado una comisión de investigación, a lo que se ha negado el popular asegurando que tan sólo se buscaba el daño que podría provocar a su partido. Ante esta postura, el grueso de la oposición, con la excepción de Vox, no terminan de comprender qué daño se puede infligir si todo se ha realizado correctamente.

A pesar de que en los últimos procesos de selección los parentescos entre opositores y miembros de los tribunales se cruzaban, se repitieron exámenes de hace dos años en la misma localidad de uno de los aspirantes seleccionados -hijo de un miembro de un tribunal- o de que ni siquiera se respetó el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina que se tenderá a la paridad entre mujer y hombre, algo denunciado por UGT, el ala más consevadora del Pleno (PP, PMP y Vox) cerró filas impidiendo lo aprobado en 2018 e incumplido hasta la fecha por Salado.

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Momento en el que Gómez Muñoz avanza que podría llevarse a él mismo ante la fiscalía.

El momento cómico de la sesión lo protagonizó Gómez Muñoz, cuando aseguró implícitamente que se llevaría a sí mismo a los tribunales por, entre otros hechos, el convenio suscrito por el Ayuntamiento con un periódico local cuando él pertenecía al cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón, IU y PA) y a cuyas reuniones de negociación asistió en su totalidad sin mostrar jamás su parecer contrario. Hechos, por otro lado, también pendientes de una comisión de investigación, apoyada tanto por PSOE como por IU y Podemos, y que el líder del PMP, pese a proponerla, no ha mostrado hasta la fecha ningún interés en activarla, más allá del ruido mediático.